BRUSELAS.- La Comisión Europea
(CE) tendrá que esperar hasta después del verano para tomar una decisión
sobre la posible suspensión de fondos a España por el incumplimiento
del déficit, ya que antes debe abordar su propuesta con el Parlamento
Europeo (PE), aunque sí se pronunciará antes sobre la multa.
El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha propuesto que el
diálogo sobre los programas y fondos estructurales que podrían estar
sujetos a suspensión en España tenga lugar después del verano, lo que
retrasará la decisión de la CE hasta después de esa fecha, informó el portavoz del PE, Jaume Duch.
El vicepresidente de la CE para el Empleo, Crecimiento e Inversión,
Jyrki Katainen, envió a Schulz una misiva con la lista de programas
afectados en la que afirma estar "a disposición para participar en un
diálogo estructurado con el PE sobre la aplicación de medidas, en vistas
a hacer una propuesta equilibrada".
Este "diálogo estructurado" con el PE está previsto en el reglamento
comunitario, un procedimiento sobre el que no hay precedentes, y que
previsiblemente se llevará a cabo en las comisiones parlamentarias de
Economía y Asuntos Monetarios y la de Desarrollo Regional, explicó Duch.
La multa, que puede ascender a un máximo del 0,2 % del PIB nacional
-2.200 millones- y un mínimo de "cero", dependerá de la propuesta que
presente la CE el próximo 27 de julio, tras lo cual la recomendación
quedaría aprobada por el Consejo salvo que éste decida en 10 días por
mayoría cualificada rechazarla o enmendarla.
La multa puede implicar la suspensión de parte de los fondos estructurales y de inversión europeos.
Bruselas anunciará la multa a España la semana próxima pero aplazará así la decisión sobre fondos congelados.
El vicepresidente de la CE para la Unión Energética, Maros Sefcovic, dijo hoy que el PE ha pedido ese "diálogo estructurado".
"Probablemente tendremos que volver a tratarlo después del parón veraniego", explicó.
Se trata de una competencia que el PE puede utilizar según la
reglamentación europea y que se pondría en marcha por primera vez, ya
que no existen precedentes de congelación de fondos estructurales a
ningún país miembro.
El déficit de España alcanzó en 2014 el 5,9 % del PIB y en 2015 el
5,1 %, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca,
frente al 5,8 % y del 4,2 %, respectivamente exigido, y así se alejó
definitivamente de poder bajarlo al 2,8 % en 2016.
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