MONTREAL.- El primer ministro
canadiense, Justin Trudeau, dijo hoy que sería "bueno" para la Unión
Europea (UE) ratificar el acuerdo de libre comercio negociado entre
ambas partes (CETA), dadas "las situaciones" que existen en Europa.
Trudeau hizo las declaraciones en Montreal, en Canadá, tras el
anuncio de la Comisión Europea (CE), que hoy propuso que el CETA sea un
tratado "mixto", que requerirá la ratificación de los parlamentos de los
Veintiocho además del Consejo Europeo y la Eurocámara.
Hasta ahora, el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, había
defendido que el acuerdo comercial sólo necesitaba el apoyo de los
Gobiernos de los Veintiocho y del Parlamento Europeo.
La decisión de la CE pone en peligro la entrada en vigor del tratado
que fue negociado durante años y que ha sido promovido como un nuevo
tipo de acuerdo de libre comercio para el siglo XXI.
Ante las noticias de hoy, Trudeau afirmó que "con las situaciones que
se están produciendo ahora mismo y las percepciones en torno a la UE,
va a ser muy importante para la CE demostrar la capacidad de avanzar
acuerdos que serán buenos para sus ciudadanos, para las empresas y para
el comercio internacional en general".
Pero la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia
Freeland, quitó importancia al cambio de posición de Juncker y declaró
que la decisión de hoy supone que "los europeos podrán dar su opinión de
forma democrática a nivel nacional de la misma forma que CETA será
debatida en nuestro propio Parlamento".
Por su parte, el Consejo de los Canadienses, una organización de
justicia social opuesta al CETA, señaló en un comunicado que "es claro
que hay una creciente resistencia al CETA y que su ratificación no será
tan fácil como la ministra Chrystia Freeland sugiere".
El Consejo de los Canadienses añadió que, por ejemplo, Rumanía y
Bulgaria ya han declarado su oposición al CETA si Canadá no retira la
exigencia de visado de entrada a los ciudadanos de estos dos países.
"Como muchos canadienses, los europeos están preocupados de que el
CETA ataca la democracia, debilita los estándares sociales y de
seguridad, y contribuye a la privatización y ataques a los servicios
público", añadió la organización.
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