ROMA.- Descargar la pesca
ilegal será más difícil ahora gracias a un nuevo tratado que entra en
vigor hoy y que obliga a los países firmantes a denegar el atraque en
sus puertos y a inspeccionar los barcos sospechosos de incurrir en esta
práctica.
El acuerdo está dirigido a parar los pies a aquellos pescadores que
actúen en contra de la ley, no declaren las capturas, operen con barcos
sin la bandera de ningún país, pesquen en zonas sin autorización o
escapen de la supervisión de las autoridades.
Todo para frenar un negocio mundial que cada año puede llegar a mover
hasta 26 millones de toneladas y 23.000 millones de dólares (unos
20.600 millones de euros).
El llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto,
adoptado por la FAO en 2009 y que requería la adhesión de 25 Estados
para entrar en vigor, ya es realidad después de que se hayan
comprometido 29 países y la Unión Europea.
Todos ellos representan un 62 % de las importaciones mundiales de
pescado y un 49 % de las exportaciones, un buen punto de partida pero no
suficiente.
La especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) Lori Curtis explica que "la efectividad del
acuerdo aumentará sustancialmente cuantos más países formen parte".
"Muchos países ya han puesto en marcha las medidas, no es nada nuevo
que puedan hacerlo. Lo que cambia es que se vuelve una obligación para
ellos", afirma Curtis, que agrega que, mientras algunos han tratado de
adaptar su legislación, otros se han asegurado de que lo tenían todo en
orden antes de adherirse.
Los países firmantes deben designar puertos específicos para los
buques extranjeros, que tienen que solicitar permiso con antelación para
entrar en ellos, facilitar información a las autoridades y permitir la
inspección a bordo.
"El acuerdo no dice que haya que inspeccionar todos los barcos. Los
países deberán definir ellos mismos un nivel de controles suficiente
para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de forma
efectiva", destaca Curtis.
Si a un puerto llegan varios barcos de golpe y no pueden inspeccionar
todos, las autoridades realizarán una evaluación a partir de la
información recibida y, si una embarcación es sospechosa de participar
en la pesca ilegal, le pueden negar su entrada u obligarla a ser
revisada.
En caso de prohibir el acceso o inspeccionar la nave, los países
deben comunicárselo al Estado al que pertenece la bandera y tienen la
posibilidad de informar a otras partes, como otros países a los que
pueda dirigirse luego el barco en cuestión.
Existe el riesgo de que países como Mozambique o Sudáfrica sean
partes del tratado y sus vecinos, al no serlo, pasen a hacer de muelle
alternativo para la pesca ilegal.
"Por eso es importante que todos los países con puertos se sumen a
ese acuerdo y este se pueda universalizar. Tenemos que asegurarnos de
que se implementa", sostiene Jessica Battle, experta de la ONG
conservacionista WWF.
Battle remarca que este tratado para barcos extranjeros nació ante la
"frustración" generada porque los países no controlan efectivamente la
actividad de las embarcaciones que están bajo su bandera.
Y así sucede en un país firmante como Tailandia, con serios problemas
de pesca ilegal y abusos laborales, sobre todo de inmigrantes sin
papeles, en sus propios barcos.
El representante tailandés ante la FAO, Sompong Nimchuar, señala que
desde mayo del año pasado tienen 28 centros de control para inspeccionar
los buques tailandeses, que deben reportar cada vez que entran y salen
si pesan más de 30 toneladas brutas, al tiempo que han designado 27
puertos para los extranjeros.
En ese sentido, Tailandia "está desarrollando sistemas electrónicos
de trazabilidad para productos pesqueros y animales acuáticos, y para la
monitorización de las medidas del Estado rector del puerto con el fin
de evitar la entrada de capturas ilegales en la cadena de valor del
pescado".
Importante será que los países compartan información sobre cualquier
barco involucrado en prácticas ilegales a través, por ejemplo, de un
registro mundial que está en elaboración.
También está previsto que los países en desarrollo que no tengan capacidad para aplicar el acuerdo reciban asistencia técnica.
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