BUENOS AIRES.- El Gobierno
argentino oficializó hoy lunes la contratación del estudio jurídico de Nueva
York Cravath, Swaine & Moore LLP para el asesoramiento en el
conflicto sobre la deuda externa y en posibles negociaciones con los
tenedores de bonos ya reestructurados, informaron fuentes oficiales.
Para el Ejecutivo, la actual "situación" pide un "urgente" diseño de
una "nueva estrategia legal integral", que englobe no solo los litigios
ya en trámite en todo el mundo con los acreedores que no aceptaron los
canjes de la deuda y denunciaron al país, sino también las negociaciones
con los que sí lo hicieron pero cuyos títulos están en cese de pagos
por los fallos del juez Thomas Griesa.
La operación quedó aprobada hoy mediante la publicación en el Boletín
Oficial de una decisión administrativa emitida por el Ministerio de
hacienda y Finanzas.
"Esta nueva contratación permitirá, por un lado, alcanzar una más
sólida defensa judicial en los litigios en curso de la Argentina en los
tribunales de los EE.UU. y, por el otro, obtener asesoramiento
complementario para el proceso de negociación y una eventual
reestructuración de la deuda en estado de cesación de pagos", especifica
el texto.
Al nuevo estudio le corresponderá también el asesoramiento jurídico
en "las eventuales operaciones de financiamiento que realice la
República Argentina en los mercados de capitales internacionales" para
poner fin a los litigios, agrega.
El Gobierno mantendrá, no obstante, al estudio de abogados Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, encargado desde 2002 de las
conversaciones con los acreedores del total de la deuda pública que
entró en mora en 2001, en medio de una grave crisis económica y social.
A raíz de esas negociaciones, un 92 % de los bonistas aceptaron los canjes planteados por Argentina en 2005 y 2010.
Por el contrario, fondos especulativos poseedores de parte de esos
títulos que quedaron sin reestructurar denunciaron al país en Nueva York
y ganaron el litigio.
Como consecuencia de la negativa a cumplir la sentencia en contra del
Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández (2007-2015), el juez
Griesa, a cargo de la causa, ordenó suspender los pagos a los tenedores
de deuda reestructurada desde mediados de 2014.
La llegada al poder de Mauricio Macri dio un giro a la situación y se
alcanzaron acuerdos con los litigantes en Nueva York y con bonistas
italianos.
El fin del principal conflicto judicial y el levantamiento de las
medidas de Griesa que impiden el pago a los acreedores reestructurados
dependen de que el Congreso argentino apruebe antes del 14 de abril de
una batería de medidas, algo que el Gobierno de Mauricio Macri quiere
dejar cerrado esta semana.
No obstante, la cancelación de esas trabas está también pendiente de
ratificación por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito
en Nueva York, ya que un grupo de querellantes apeló contra el
levantamiento como medida de presión para asegurar que Argentina pague.
En Argentina, se temen, además, posibles litigios que puedan iniciar
los bonistas que ya habían aceptado los canjes, con quitas mayores a las
que se están acordando ahora.
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