SAN JUAN.- El Congreso de Estados Unidos tiene la
obligación moral de resarcir los daños infligidos al pueblo
puertorriqueño por más de un siglo, reclamó hoy la exministra de
Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
"Por 117 años los puertorriqueños hemos soportado decisiones
unilaterales gestadas (en el Congreso), sin que se nos tome en
consideración, y cuyo único propósito ha sido beneficiar a los grandes
intereses norteamericanos", subrayó la exfuncionaria del gobierno de
Alejandro García Padilla.
En este sentido destacó el Tratado de París, mediante el cual España entregó a Estados Unidos esta isla del Caribe, "en el que no tuvimos representación", y las leyes Foraker de 1990, para organizar el gobierno civil de Puerto Rico, y Jones de 1917, que impuso la ciudadanía estadounidense a los boricuas, "en cuya redacción no participamos".
Vila Biaggi criticó la docilidad con que los dirigentes políticos boricuas, incluido el mandatario García Padilla y el delegado ante el Congreso, Pedro Pierluisi, comparecieron a la audiencia de una comisión del Senado federal el pasado 1 de diciembre en Washington.
Manifestó que al Congreso de Estados Unidos hay que ir con firmeza y dignidad, porque al arrodillado nunca le harán caso.
"Aquello que debe ser eje de discusión es la obligación moral del Congreso con el pueblo de Puerto Rico y la compensación necesaria que resarce los atropellos y daños infligidos a nuestro pueblo en el último siglo", dijo al denunciar el tono de la vista pública.
La exfuncionaria hace un recuento de la prepotencia imperial con la cual ha actuado Estados Unidos en Puerto Rico, al que invadió en 1898 y en 1952 convirtió en su Estado Libre Asociado (ELA), con limitados poderes para su administración interna.
Vila Biaggi refirió que en 1952 Washington trató de maquillar la colonia, ya insostenible, permitiendo una Constitución supeditada a los poderes absolutos del Congreso, y dejándonos con un representante con voz pero sin voto.
Recordó que en 1984 Puerto Rico fue excluido de la ley de quiebra federal y que una década después, en 1994, Washington firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, siglas en inglés) y en 1996 eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas, "acciones que provocaron la pérdida de casi 100.000 empleos".
Según la exfuncionaria, si el Congreso quiere resolver el estancamiento económico de Puerto Rico tiene que atenderlo de raíz, ya que el capítulo 9 de la ley de quiebras sería tan solo un parche, al igual que la propuesta Junta de Control Fiscal, a menos que viabilice un proceso serio y vinculante de autodefinición del pueblo puertorriqueño.
También que obligue al Tesoro federal a garantizar una reestructuración de la deuda de 72.000 millones de dólares que facilite la inversión y mejore las probabilidades de repago.
Asumismo, que permita a esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes legislar para eliminar el financiamiento privado de campañas electorales que corrompen el sistema y obstaculiza el que gente capaz y recta entre al ruedo político.
En este sentido destacó el Tratado de París, mediante el cual España entregó a Estados Unidos esta isla del Caribe, "en el que no tuvimos representación", y las leyes Foraker de 1990, para organizar el gobierno civil de Puerto Rico, y Jones de 1917, que impuso la ciudadanía estadounidense a los boricuas, "en cuya redacción no participamos".
Vila Biaggi criticó la docilidad con que los dirigentes políticos boricuas, incluido el mandatario García Padilla y el delegado ante el Congreso, Pedro Pierluisi, comparecieron a la audiencia de una comisión del Senado federal el pasado 1 de diciembre en Washington.
Manifestó que al Congreso de Estados Unidos hay que ir con firmeza y dignidad, porque al arrodillado nunca le harán caso.
"Aquello que debe ser eje de discusión es la obligación moral del Congreso con el pueblo de Puerto Rico y la compensación necesaria que resarce los atropellos y daños infligidos a nuestro pueblo en el último siglo", dijo al denunciar el tono de la vista pública.
La exfuncionaria hace un recuento de la prepotencia imperial con la cual ha actuado Estados Unidos en Puerto Rico, al que invadió en 1898 y en 1952 convirtió en su Estado Libre Asociado (ELA), con limitados poderes para su administración interna.
Vila Biaggi refirió que en 1952 Washington trató de maquillar la colonia, ya insostenible, permitiendo una Constitución supeditada a los poderes absolutos del Congreso, y dejándonos con un representante con voz pero sin voto.
Recordó que en 1984 Puerto Rico fue excluido de la ley de quiebra federal y que una década después, en 1994, Washington firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, siglas en inglés) y en 1996 eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas, "acciones que provocaron la pérdida de casi 100.000 empleos".
Según la exfuncionaria, si el Congreso quiere resolver el estancamiento económico de Puerto Rico tiene que atenderlo de raíz, ya que el capítulo 9 de la ley de quiebras sería tan solo un parche, al igual que la propuesta Junta de Control Fiscal, a menos que viabilice un proceso serio y vinculante de autodefinición del pueblo puertorriqueño.
También que obligue al Tesoro federal a garantizar una reestructuración de la deuda de 72.000 millones de dólares que facilite la inversión y mejore las probabilidades de repago.
Asumismo, que permita a esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes legislar para eliminar el financiamiento privado de campañas electorales que corrompen el sistema y obstaculiza el que gente capaz y recta entre al ruedo político.
No hay comentarios:
Publicar un comentario