"Se debe juzgar al empresariado español como un todo, en función de sus resultados, no en función de lo que una empresa española dentro de un consorcio,
dentro de un contrato, haya hecho o dejado de hacer", opino el
canciller panameño.
"Panamá tiene muchísimas experiencias positivas con
grandes, medianas y pequeñas empresas españolas, que ven en nuestro país
una buena plataforma para proyectarse hacia Centroamérica y el Caribe",
agregó. Consideró, además, "resuelto" a falta de unos "detallitos de forma" el conflicto en las obras del Canal de Panamá.
"Si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha anunciado que hay un entendimiento y que hay una reanudación de las obras,
nosotros entendemos que sí se ha resuelto" el conflicto, dijo el
canciller. "Lo que puedo anticipar es que se ha llegado a un
entendimiento que les ha permitido atender las inquietudes de parte y
parte", recalcó.
"La inquietud del Canal de Panamá es que el proyecto se
termina sí o sí, y que no va admitir más retraso del que ya se está dando en la obra", consideró. Según Álvarez de Soto, "hay demasiado en juego para Panamá y hay demasiado en juego para el comercio internacional".
El
adjudicatario de la obra de la ampliación del canal de Panamá, el Grupo
Unidos por el Canal (GUPC), liderado por las constructoras española
Sacyr e italiana Impregilio, exigió en diciembre pasado una inyección de
1.600 millones de dólares por sobrecostes y en febrero paró las obras
por falta de fondos.
Las partes en conflicto han mantenido desde
entonces unas negociaciones, formales e informales, que no han llegado a
concluir en la firma de un acuerdo público definitivo, pero las obras
se han reanudado parcialmente con el compromiso de inyectar desde cada
lado, GUPC y ACP, 100 millones de dólares cada uno.
"Eso es lo que
mantuvo la ACP desde el primer momento que GUPC planteó sus
reclamaciones y con sus altos y sus bajos en el curso de la
negociación", agregó. "Ahora faltan detallitos de forma, porque en el fondo está todo claro",
aseguró en referencia a un acuerdo final.
Según el ministro, los
respectivos gobiernos en representación de las partes implicadas se han
limitado "a una labor de acompañamiento, porque hemos entendido que esto
es un conflicto que debían manejar las partes contractuales".
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