CIUDAD DE PANAMÁ.- El consorcio encargado la construcción de las
nuevas esclusas en la ampliación del Canal de Panamá, el Grupo Unidos
por el Canal (GUPC), en el que participa la empresa española Sacyr,
atribuye los sobrecostes de 1.600 millones de dólares (1.177 millones de
euros) a problemas geológicos no detectados, según ha manifestado este
sábado el gerente del GUPC, José Peláez.
Peláez ha precisado que los
problemas geológicos fueron detectados a lo largo de al menos 2,5
kilómetros de extensión en la zona del océano Pacífico y ha asegurado
que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no las localizó antes de
convocar la licitación para la ampliación del enclave.
"Esta condición geológica, no previstas por el GUPC y la ACP, ha
alterado las condiciones técnicas originales bajo las cuales el GUPC
licitó y es por ello que el sobrecosto debe ser asumido por la entidad
licitante", ha declarado Peláez, gerente del proyecto de construcción de
las esclusas en el Atlántico.
El representante del GUPC --también integrado por la italiana
Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa-- ha adelantado que el
cumplimiento del contrato no solo implica el coste de la ejecución de
las obras pueda duplicarse o triplicarse, sino que no hay garantías
técnicas sobre el diseño de cara al futuro.
El coordinador de la Junta Directiva del GUPC, Paolo Möder, ha
señalado este sábado que la ACP se ha negado a sentarse en la mesa de
negociaciones a fin de evitar la suspensión de las obras del proyecto de
ampliación en el estrecho panameño.
En una rueda de prensa, Möder ha enfatizado que ha sido la ACP la
que se ha negado a buscar una solución y ha puntualizado que el
consorcio está capacitado en este momento para finalizar la ampliación
del Canal de Panamá debido a que cuenta con el personal requerido para
ello, según ha informado el diario panameño 'La Prensa'.
Ante la expiración del plazo dado por el GUPC de 21 días el pasado
1 de enero, el coordinador de su Junta Directiva ha aseverado que el
consorcio va a luchar por sus derechos en los países que sea necesarios y
hasta las últimas instancias, tribunales internacionales inclusive, de
acuerdo con el periódico panameño 'Panamá América'.
Las autoridades panameñas y el GUPC iniciaron unas negociaciones
el pasado viernes para tratar de desencallar la puesta en marcha de la
ampliación de una de las principales vías marítimas del mundo, por donde
circula el cinco por ciento del comercio mundial.
El GUPC ha amenazado con suspender las obras debido a los costes
adicionales que implica el proyecto y lanzó un ultimátum a la ACP el 1
de enero para que, en un plazo de 21 días, cumpla con los requisitos
establecidos por el consorcio. Por su parte, la ACP ha sostenido en un
comunicado emitido este sábado que el GUPC tuvo 14 meses para estudiar
con detenimiento todas las aristas de la obra antes de presentar su
propuesta.
En este punto, Möder ha precisado que el sobrecoste de la obra se
debe, además de a los problemas geológicos, al basalto, al concreto y a
que la calidad de las piedras que se están extrayendo no es la mejor
para las operaciones de relleno de la obra.
El consorcio obtuvo la adjudicación del proyecto en julio de 2009
con un coste de 3.120 millones de dólares (casi 2.296 millones de
euros), una cifra que era considerablemente inferior al coste estipulado
por los otros dos competidores en la puja.
La ampliación de Canal de Panamá se ha completado al 72% y el
avance de la construcción de las nuevas esclusas, de la que se encarga
el GUPC, se sitúa en torno al 65%, según las estimaciones de la ACP.
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