BRUSELAS.- Este 1 de enero entra en vigor el conocido como «pacto
fiscal» después de que el pasado 21 de diciembre fuera ratificado por
Finlandia. Esta regla de disciplina fiscal que fue firmada el 2 de marzo
por todos los Estados miembro, excepto por Reino Unido y República
Checa, debe estar incorporada a las constituciones nacionales, en España
se hizo a petición del anterior presidente, José Luis Rodriguez
Zapatero en septiembre de 2011.
Ya han ratificado doce Estados miembros de la zona euro el acuerdo
intergubernamental destinado a incrementar la disciplina fiscal entre
los países de la UE por lo que entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
Tras la ratificación de Finlandia este 21 de diciembre se ha alcanzado
el número mínimo de países que lo respalda y que permite su entrada en
vigor.
Ante la negativa de Reino Unido y República Checa a firmar el tratado
tuvo que adoptarse por el procedimiento de «cooperación reforzada», que
exige que lo ratifique un mínimo de doce países.
Los países que lo han ratificado hasta ahora son: España, Austria,
Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda,
Lituania, Letonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia.
El Tratado sobre la estabilidad, coordinación y gobernanza en la
Comunidad Económica y Monetaria, que es su nombre completo, introduce
una disciplina fiscal y una vigilancia más estrecha dentro de la
eurozona. Los presupuestos nacionales deben estar equilibrados o
presentar superávit en virtud de la «regla de oro» que establece que el
déficit público estructural anual no debe exceder del 0,5 por ciento del
PIB a precios de mercado y debe de estar en consonancia con el objetivo
presupuestario del país a medio plazo.
La «regla de oro» tiene que estar incorporada a los sistemas legales
de los Estados miembro de la zona euro en su sistema legislativo o
preferiblemente a nivel constitucional. España lo hizo el pasado verano
por vía de urgencia en medio de fuertes ataques de los mercados a la
deuda soberana y presionada por el Banco Central Europeo (BCE). Alemania
ya tenía este principio incorporado a su Constitución desde 2009.
El pacto fiscal es un freno al endeudamiento. Establece que en caso
de desviación del equilibrio presupuestario se pondrá en marcha una
corrección automática que habrá definido cada Estado miembro sobre los
principios establecidos por la Comisión Europea.
El Tribunal de Justicia de la UE verificará que los Estados miembros
hayan transpuesto adecuadamente las reglas del tratado a su legislación,
sus decisiones son vinculantes y podrá establecer una multa de hasta un
0,1 por ciento del PIB al país que no cumpla que deberá pagar al
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Otros países de la UE podrán solicitar al Tribunal de Justicia
comunitario que aplique sanciones a los estados que no hayan trasladado
correctamente el techo de gasto a su normativa. A partir del 1 de marzo
de 2013 los países de la eurozona que reciban una ayuda financiera del
MEDE deben comprometerse a ratificar el pacto fiscal.
En un plazo de cinco años después de se entrada en vigor el tratado
dejará de ser un acuerdo intergubernamental para incorporarse al marco
legal de la UE.
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