BOGOTÁ.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) impulsa la consolidación de un observatorio académico latinoamericano sobre el Derecho a la Alimentación, que comenzó a trabajar hoy en Bogotá.
Entre hoy y mañana, viernes, expertos en el derecho a la alimentación van a discutir en la capital colombiana "cómo quieren que sea este observatorio" y la FAO va "a estar ahí para apoyarlo", indicó Juan Carlos García Cebolla, coordinador de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, durante la inauguración de las sesiones de trabajo.
"No queremos observatorios promovidos por la FAO, eso no funciona. Queremos acompañar las iniciativas de los países", explicó García Cebolla.
En la actual coyuntura de aumento de precios de los alimentos, "peligra el derecho a una alimentación digna y adecuada", y, por ello, "la constitución de un observatorio académico es muy oportuna y necesaria", comentó, por su parte, Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos.
Esta nueva institución "busca ser un importante centro de difusión y sistematización de información sobre el derecho a la alimentación entre estudiantes de Derecho, profesores universitarios, empleados públicos, administraciones gubernamentales, jueces y abogados, entre otros", según la FAO.
El observatorio está integrado por instituciones académicas de toda Latinoamérica, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Granma (Cuba).
También por profesionales de la FAO y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como por asesores y expertos internacionales en el Derecho a la Alimentación.
Para García Cebolla, es necesario elaborar una especie de documento marco "que ayude a los países a autoanalizarse" sobre cómo están garantizando el Derecho a la Alimentación para todos sus ciudadanos.
"El enfoque en los más excluidos es central para abordar el Derecho a la Alimentación", enfatizó Salazar, al remarcar que es una "obligación" del Estado "dignificar a los grupos sociales más vulnerables y diseñar programas que lleguen a ellos".
El representante de la Alta Comisionada puso como ejemplo la situación en el empobrecido departamento colombiano del Chocó (oeste), donde el 94,9 por ciento de los hogares integrados por indígenas o afrocolombianos padece "inseguridad alimentaria severa".
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