SANTO DOMINGO.- En las últimas dos décadas, según fuentes oficiales, el 86 por ciento de los recursos del Gobierno Central dominicano para sus gastos procedieron de la recaudación de impuestos.
Sin embargo, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el Estado solo cuenta con leyes que, de manera indirecta, impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.
Se ha calculado que unos dos mil 888 millones de dolares estadounidenses -RD$104 mil millones- se han esfumado en los últimos 10 años por actos de corrupción, reveló el encargado de la Comisión Anti-corrupción formada por el gobierno.
Los impuestos están contemplados en la Constitución, en el Código Tributario y disposiciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, el hecho cierto es que una parte de los fondos públicos es consumida por la corrupción.
Casos como el de Verizon-América Móvil son expuestos esporádicamente y llevados a juicio muy raras veces por la Administración Tributaria.
La empresa Verizon Dominicana, propiedad absoluta desde 2006 de GTE Holding Corporation constituida bajo leyes de Canadá, fue liquidada y Canadá vendió el 100 por ciento de esta a Verizon Holding Corporation. El mismo día Verizon Venezuela, propietario de esta firma, se la vendió a la telefónica mexicana América Móvil, S.A.
Las empresas involucradas entonces alegaron a la DGII que este movimiento se hizo basado en perspectivas futuras de rendimiento de las acciones traspasadas.
La DGII rebatió que teniendo en cuenta el valor actual en libros comparado con el que tenían en 1982 da una ganancia para esa empresa de mil 417 millones de dolares norteamericanos.
Al aplicar a esas utilidades la tasa de 25 por ciento, arrojaría 392.4 millones de dolares estadounidenses su deuda en impuestos, por lo que la DGII reclamó de manera global 513 millones, pero después de presiones de la embajada de Estados Unidos y del Tribunal Contencioso, el adeudo fiscal se quedó en solo 170 millones.
Según reconoció la DGII, casos como el de Pimentel Karell y Asociados, la Compañía Tenedora Eferja S.A. y Compañía Ortek S.A., acusados de fraude tributario en 2005, nunca pasaron de la instrucción del caso.
Sin embargo, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el Estado solo cuenta con leyes que, de manera indirecta, impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.
Se ha calculado que unos dos mil 888 millones de dolares estadounidenses -RD$104 mil millones- se han esfumado en los últimos 10 años por actos de corrupción, reveló el encargado de la Comisión Anti-corrupción formada por el gobierno.
Los impuestos están contemplados en la Constitución, en el Código Tributario y disposiciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, el hecho cierto es que una parte de los fondos públicos es consumida por la corrupción.
Casos como el de Verizon-América Móvil son expuestos esporádicamente y llevados a juicio muy raras veces por la Administración Tributaria.
La empresa Verizon Dominicana, propiedad absoluta desde 2006 de GTE Holding Corporation constituida bajo leyes de Canadá, fue liquidada y Canadá vendió el 100 por ciento de esta a Verizon Holding Corporation. El mismo día Verizon Venezuela, propietario de esta firma, se la vendió a la telefónica mexicana América Móvil, S.A.
Las empresas involucradas entonces alegaron a la DGII que este movimiento se hizo basado en perspectivas futuras de rendimiento de las acciones traspasadas.
La DGII rebatió que teniendo en cuenta el valor actual en libros comparado con el que tenían en 1982 da una ganancia para esa empresa de mil 417 millones de dolares norteamericanos.
Al aplicar a esas utilidades la tasa de 25 por ciento, arrojaría 392.4 millones de dolares estadounidenses su deuda en impuestos, por lo que la DGII reclamó de manera global 513 millones, pero después de presiones de la embajada de Estados Unidos y del Tribunal Contencioso, el adeudo fiscal se quedó en solo 170 millones.
Según reconoció la DGII, casos como el de Pimentel Karell y Asociados, la Compañía Tenedora Eferja S.A. y Compañía Ortek S.A., acusados de fraude tributario en 2005, nunca pasaron de la instrucción del caso.
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