La nueva norma, que se pactó en el Ecofin el pasado 8 de junio, impone visitas más frecuentes de funcionarios de Eurostat a los países sometidos a un procedimiento sancionador por déficit excesivo.
De este modo, cuando haya dudas razonables sobre la exactitud de las cifras de déficit y deuda enviadas por un Gobierno a Bruselas, el Ejecutivo comunitario podrá enviar a sus funcionarios al país en cuestión y revisar de primera mano los datos del Gobierno central, regiones, ayuntamientos y seguridad social.
Además, los Estados miembros deberán dar a Eurostat la información que requiera para examinar la calidad de las estadísticas fiscales.
El Ejecutivo comunitario ya reclamó estas competencias adicionales en 2004, precisamente cuando se descubrió que Grecia había falseado los datos para entrar en el euro. Pero las capitales rechazaron concedérselas.
Pero tras su llegada al poder, el nuevo Gobierno socialista griego revisó de nuevo el pasado octubre la previsión de déficit público para 2009 desde el 3,7% del PIB que se había estimado la pasada primavera hasta el 12,5%. Con posterioridad, Eurostat ha vuelto a revisar al alza el déficit griego del año pasado, hasta situarlo en el 13,6%.
Para evitar que estos problemas se reproduzcan en el futuro, los Estados miembros han levantado sus reservas y han acordado dar a la Comisión más poderes de auditoría.
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