La demanda de este tipo de servicio ha crecido en gran medida por los propietarios cansados de tener la vivienda alquilada a inquilinos que no residen en la misma, que incluso la subarriendan o bien personas que la explotan como segunda residencia.
Estos casos se detectan en inmuebles que disponen de contratos de alquiler antiguos, por los que los inquilinos pagan cantidades muy por debajo del precio de mercado.
En muchas ocasiones, dichos inquilinos disponen de viviendas en propiedad y de una situación económica solvente por lo que las investigaciones sirven para verificar el patrimonio real de la persona.
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