El Ejecutivo comunitario ve prioritario en el actual contexto de crisis económica corregir el déficit por cuenta corriente y favorecer la reestructuración del sector de la vivienda.
Estas recomendaciones aparecen en la evaluación anual que realiza Bruselas de los programas de reformas elaborados en cada Estado miembro para alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo de la denominada 'estrategia de Lisboa'.
Este año, el informe de la Comisión viene marcado por la crisis económica, que obligó a retrasar su presentación prevista inicialmente para diciembre. Los mejores situados en cuanto al avance de las reformas son los países nórdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca.
"España no es mal alumno pero debe seguir realizando esfuerzos", explicaron fuentes comunitarias. El informe señala que la crisis en España "está impulsada por la contracción en curso en la construcción residencial, y se ha visto agravada por la crisis financiera global y la restricción del crédito, que han dado como resultado una fuerte caída en la demanda doméstica.
En 2008 el crecimiento, según Bruselas, será del 1,2% del PIB y la economía se contraerá un 2% en 2009. El déficit público se situó el año pasado en el 3,4% del PIB y el déficit por cuenta corriente alcanzó casi el 9,5% del PIB.
Por lo que se refiere al empleo, Bruselas recuerda su previsión de que las cifras de paro aumenten hasta el 16% este año y hasta casi el 19% en 2010. "Los inmigrantes, los jóvenes, y las personas poco cualificadas son los más afectados, y los sectores de la construcción residencial y del automóvil se enfrentan a riesgos especiales", señala el informe.
Por ello, la primera recomendación de la Comisión para España es que tome más medidas para facilitar la recolocación de los desempleados y evitar que se queden en el paro durante mucho tiempo. Bruselas además pide fomentar la movilidad de los trabajadores, mejorar su formación y combatir la segmentación del mercado laboral, es decir, reducir las diferencias entre contratos temporales y fijos aumentando los derechos de los primeros y flexibilizando los segundos. Es un camino que, según explicaron fuentes comunitarias, España ya ha emprendido, pero debe proseguir a ser posible mediante el acuerdo de los interlocutores sociales.
Asimismo, para mejorar la competitividad de la economía española, Bruselas pide que "la evolución de los salarios se vincule más estrechamente a la evolución de la productividad, en el contexto del diálogo social".
La segunda recomendación concreta que el Ejecutivo comunitario dirige a España se refiere a la necesidad de "garantizar la aplicación eficaz de las reformas educativas, también a nivel regional, con los objetivos principales de reducir el abandono escolar y aumentar el porcentaje de alumnos que terminan la educación secundaria superior".
En tercer lugar, la Comisión reclama al Gobierno nuevas medidas para mejorar la eficacia de las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D), para aumentar la competencia en el sector servicios y en la electricidad, y para acabar con el déficit tarifario en este sector. El Ejecutivo comunitario es consciente de que "una situación en la que ya hay mucha presión sobre el poder adquisitivo y en la que los ciudadanos están viviendo momentos difíciles no es el mejor momento para aumentar los costes de la energía", pero insiste en que este problema debe resolverse a medio plazo.
"La reestructuración del gasto público para primar las partidas que refuercen la productividad, como el I+D y la innovación, ayudaría a sostener el empleo y la actividad económica", subraya la Comisión. Añade que "una mayor competencia en el sector servicios ayudaría a contener la inflación y a aumentar la competitividad de las exportaciones".
El Ejecutivo comunitario cree que durante el último año los progresos más destacados que ha hecho España en su programa de reformas son los avances en la reducción de la burocracia, el aumento del número de guarderías y la mejora del funcionamiento del sector de la energía, en particular por lo que se refiere a interconexiones con los países vecinos. La principal área en la que Bruselas identifica que se necesitan "medidas adicionales" es la reforma de la educación.
A medio plazo, España debe, según la Comisión, dar prioridad a las reformas estructurales que "sostengan el crecimiento potencial, corrijan el elevado déficit por cuenta corriente y faciliten la reestructuración del sector de la vivienda". Por lo que se refiere a este último punto, Bruselas reclama "mejorar la legislación que rige el mercado del alquiler".
El informe no contiene todavía recomendaciones específicas para reducir el déficit y la deuda, como sí pasa con otros países como Irlanda. No obstante, el Ejecutivo comunitario recuerda que evaluará todas las medidas adoptadas por España para hacer frente a la crisis en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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