Con las modificaciones, las instituciones ya no podrán realizar prácticas como expedir tarjetas preaprobadas de manera unilateral, elevar el límite de crédito sin la autorización de un cliente, así como otorgar créditos o préstamos cuando se establezca la solvencia y capacidad de pago de una persona.
El Senado aprobó las reformas por unanimidad y fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis y en su caso aprobación.
En la fundamentación de la propuesta, los senadores señalaron que en estos momentos de crisis financiera mundial "es sumamente importante emitir normas que protejan a los clientes de las instituciones financieras de las prácticas predatorias de algunos intermediarios".
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