La organización destacó en una nota de prensa que la reflexión sobre las consecuencias de la crisis y del cambio de modelo de supervisión debe venir acompañada de cambios en los órganos consultivos y reforzando la presencia de los consumidores.
A su juicio, los últimos diez años de supervisión en España arrojan un balance "bastante negativo" del sistema financiero y recordó que los consumidores han sido objeto de diversos fraudes mientras que las entidades bancarias "engordaban" sus cuentas de resultados.
Asimismo, destaca que siguen faltando reglas de juego eficaces y transparencia y que consumidores se ven abocados a acudir a la "lenta" justicia española, también pendiente de reforma.
A su juicio, se ha anunciado un modelo de cambio de supervisión sin que haya puesto en marcha el sistema de defensa de los consumidores estipulado en la Ley Financiera de 2002.
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