BUENOS AIRES.- El malestar entre los agricultores argentinos crecía el martes por la demora en iniciarse un diálogo con el Gobierno, a seis días de establecer una precaria tregua en su huelga contra el alza de impuestos, que provocó grave desabastecimiento y una crisis política."Si no hay medidas concretas por parte del Gobierno, no hay por qué esperar 30 días para retomar la medida de fuerza", amenazó Pedro Apaolaza, presidente de Carbap, una confederación ruralista que reúne a millares de medianos ganaderos de la región central del país, la de mayor producción agrícola.
La tregua fue establecida el 2 de abril, tras 21 días en los que se cortó la cadena de abastecimiento de alimentos del país, y el plazo puesto por las organizaciones al frente de la rebelión de agricultores vence el 2 de mayo, sin soluciones ni encuentros conciliatorios a la vista.
Ante el silencio oficial, las cuatro entidades más importantes del campo aumentaron su presión en la noche del martes y reclamaron una audiencia "a la mayor brevedad posible" con la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Los dirigentes piden comenzar negociaciones para encauzar un conflicto derivado de un aumento tributario a las exportaciones de soja y girasol, y que amenaza con volver a instalarse si no se llega a un acuerdo con las autoridades.
"El gobierno nos pidió firmar un pacto agropecuario el 25 de mayo, pero se está perdiendo un tiempo importante para el trabajo de los equipos técnicos del gobierno y de los productores", disparó Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria (FA), que congrega a 100.000 pequeños productores.
Los pequeños productores fueron los protagonistas de la protesta con el bloqueo de camiones con productos agropecuarios en unas 400 carreteras del país, lo que tuvo un fuerte impacto en el abastecimiento de carne, leche y verduras, principalmente en los centros urbanos. La medida, que fue suspendida por un mes el pasado 2 de abril, paralizó además la entrega de granos para la exportación en las terminales portuarias de Rosario (310 km al norte), principal polo cerealero del país.
"Ya vamos a reunirnos y vamos a ponernos a trabajar. Hay que esperar, organizarnos y, después, sentarnos y ver cómo empezamos esa tarea. No tiene mucho sentido seguir poniéndole voces altisonantes al tema", señaló el martes el jefe de Gabiente, Alberto Fernández, en declaraciones radiales.
Los agricultores levantaron la medida de fuerza al anunciar el gobierno reintegros de impuestos a las exportaciones a unos 61.300 pequeños productores, que representan el 80% del total, pero responden apenas por el 20% de la cosecha de granos. Pero los productores del campo insistieron en que continuarán movilizados y atentos a las negociaciones.
Los productores fueron a la huelga en rechazo a un esquema de tasas móviles a las ventas externas de soja -principal producto de exportación del país- y girasol, que fijó alícuotas que varían en función de los precios en el mercado internacional, y que los huelguistas consideraron confiscatorio.
En un país con un fuerte sector agrícola, los tributos a la soja y el girasol representan unos 10.000 millones de dólares anuales, frente a un cálculo global de la cosecha de unos 24.000 millones, lo que es resistido a toda costa por el campo.
La huelga derivó en la primera crisis política que enfrentó Kirchner, con ruidosas protestas de opositores en las calles de Buenos Aires y otros puntos del país.
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