La Junta estudiará las alegaciones presentadas en Marbella y elaborará un informe para que el Ayuntamiento decida

MÁLAGA.- La Junta de Andalucía realizará un informe técnico, el cual trasladará al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), tras estudiar y analizar en profundidad cada una de las alegaciones presentadas por los vecinos del municipio al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que, después, el Ayuntamiento decida en una comisión mixta si aprueba o renuncia dichas alegaciones.

En este sentido, el director de la oficina de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía en Marbella, José María Ruiz Povedano, manifestó que el Gobierno andaluz está colaborando con el Ayuntamiento en todos los temas de información pública, tales como la exposición pública del PGOU, el cual "ha posibilitado la masiva respuesta de alegaciones".

"Hemos hecho todo lo relacionado con el apoyo logístico de atención al público en la exposición llevada a cabo en el Palacio de Congresos de Marbella, donde atendimos más de 3.000 consultas, a la vez que la Junta está colaborando con el Ayuntamiento en todos los temas de información pública", aseguró.

Además, el director afirmó que la valoración de las alegaciones "son el resultado de un proceso de información y participación efectivo", ya que "se ha ayudado a los ciudadanos de Marbella y a todas las personas que estaban interesadas en temas urbanísticos, tanto a conocer el tema, como a posicionarse".

En cuanto al debate de las competencias de los PGOU, Ruiz Povedano recordó que el pasado mes de junio la Junta devolvió las competencias al Ayuntamiento marbellí. Por tanto, reiteró que "las competencias son estrictamente municipales".

Asimismo, afirmó que el presente PGOU "viene a dar respuesta a las situaciones de los últimos 15 años, en los que las políticas, como las del GIL, la de Muñoz o Yagüe, contravenían los planes de ordenación vigente desde 1986, y hacían desmanes en materia urbanística que provocaron que en Marbella se diesen licencias ilegales, contrarias al planteamiento vigente".

En este sentido, aseguró que "se ha creado una situación de caos urbanístico en el municipio, tanto que en ningún municipio de España hay 420 impugnaciones ante el Tribunal Superior de Justicia contra licencias ilegales dadas por el ayuntamiento, y que sin duda amparaban viviendas y edificaciones irregulares".

Por último, aseguró que existen vecinos del municipio que piden la demolición de estas viviendas porque les afecta de alguna manera, y que por ello, el Plan, tiene que dar una respuesta al interés general y a la demanda de la ciudad.- (Agencias)