MÉXICO.- Superada por ahora la crisis provocada por la amenaza
arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, el Senado de
México dio este martes primera lectura al dictamen que ratifica el
tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la
expectativa de aprobarlo el miércoles.
En el primer
día de trabajos del segundo periodo extraordinario de la actual
legislatura, el pleno del Senado conoció el dictamen aprobado por las
comisiones de Relaciones Exteriores, Economía, Puntos Constitucionales y
Relaciones Exteriores-América del Norte.
El T-MEC tiene por objetivo sustituir al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.
La renegociación de ese convenio se inició en agosto de 2017 a
instancias de Trump, que lo calificaba del peor acuerdo comercial en la
historia de su país.
Tras unas negociaciones ásperas,
las partes firmaron el nuevo instrumento el 30 de noviembre de 2018, el
último día de mandato del hoy expresidente mexicano Enrique Peña Nieto
(2012-2018), y para que entre en vigor debe ser ratificado por los
legislativos de los tres países.
De acuerdo con el
dictamen de las comisiones del Senado mexicano, tras 25 años de
vigencia, el TLCAN permitió a México aumentar 6,8 veces su comercio con
el mundo y 5,4 veces su intercambio con América del Norte, así como
posicionarse como un destacado destino para la inversión extranjera
directa, recibiendo 539.868 millones de dólares en el periodo 1999-2018.
Añade que uno de los principales logros del T-MEC es "mantener el libre
comercio para todos los bienes originarios de la región, por lo que las
exportaciones mexicanas de este tipo seguirán gozando del acceso
preferencial y continuarán exentas del pago de arancel en los mercados
estadounidense y canadiense".
Sin embargo, la
renegociación del convenio trilateral estableció que para la
comercialización de automóviles en los países de la región, estos deben
cumplir con reglas de origen para que estén libres de arancel. Es el
único tratado a nivel mundial que fija reglas de origen para vehículos.
Las reglas establecen que la producción de autos ligeros debe cumplir
con un contenido regional del 75 % para comercializarse libremente, y el
40 % del costo del vehículo deberá provenir de plantas que paguen
salarios de 16 dólares la hora.
Además, el 70 % del
acero y el aluminio que se utilice debe ser de los socios de la región, y
siete componentes principales del automóvil tienen que ser
manufacturados en la zona.
Los vehículos y piezas que
cumplan con la nueva regla de origen seguirán gozando del acceso
preferencial, mientras que aquellos vehículos que incumplen con dicha
norma pagarán un arancel igual o menor a 2,5 %.
El
acuerdo también establece un mecanismo de revisión y extensión del
tratado con horizontes definidos de largo plazo. Cuenta con una vigencia
de 16 años, prorrogables por periodos similares.
El
pasado 30 de mayo, el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, presentó
al Senado la petición de ratificación del T-MEC.
"Nos
conviene (el convenio) y es magnífico para que haya más inversión
extranjera y estimular la participación de las empresas", aseguró
entonces López Obrador en conferencia de prensa.
Interrogado por periodistas, el presidente mexicano rechazó entonces
mezclar el tema comercial con los exabruptos habituales de Trump y su
afán por construir un muro en la frontera mexicana y frenar la
migración.
"Son dos temas importantes. Primero lo del
tratado que es lo que ahora estamos resolviendo y espero que sea
definitivo, porque nos conviene. Y el otro tema es el fenómeno
migratorio, y para esto vamos a seguir insistiendo en atender las causas
y buscar un acuerdo bilateral de cooperación para el desarrollo",
expresó.
Pero ese mismo día, la ratificación del
T-MEC quedó en entredicho cuando el presidente estadounidense amenazó
con imponer aranceles del 5 % a todas las importaciones mexicanas a
partir del 10 de junio, y aumentarlos gradualmente hasta el 25 % si
México no detenía el flujo migratorio.
Una delegación
mexicana de alto nivel, encabezada por el canciller, Marcelo Ebrard, se
trasladó a Washington para negociar una salida a la crisis, y el 7 de
junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6.000 efectivos de la
Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para
contener la migración.
A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.
El acuerdo prevé un periodo de 45 días para evaluar el resultado de las
medidas, y si EE.UU. estima que son insatisfactorios, los dos países
entrarían en negociaciones para adoptar medidas adicionales.
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