BRUSELAS.- A
falta de solo una semana para que Theresa May tenga que presentar su
acuerdo sobre el brexit ante el Parlamento para una votación decisiva,
los negociadores del Reino Unido recurrirán a un desconocido tratado
internacional a fin de encontrar una solución al punto más conflictivo
del divorcio.
May
enviará de vuelta a Bruselas el martes al fiscal general, Geoffrey Cox,
para tratar de negociar cambios legalmente vinculantes al
denominado"backstop" irlandés.
Si tiene éxito, entonces el acuerdo de
May tiene la posibilidad de ser aprobado en el Parlamento la próxima
semana, lo que permitiría una salida ordenada. Si falla, Gran Bretaña se
sumergerá en una incertidumbre política sin precedentes y probablemente
el brexit sería aplazado.
Si
bien la Unión Europea es reacia a hacer concesiones, funcionarios
europeos quieren que el acuerdo de May cuente con el visto bueno del
Parlamento antes del 29 de marzo, el día en que Gran Bretaña tiene
previsto abandonar la institución supranacional. Un retraso sería
complicado para ambas partes y la UE está dividida en cuanto a la
duración de una eventual prórroga. Esto podría favorecer a May.
Los
negociadores del Reino Unido analizan si la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, un acuerdo que data de 1969, puede ofrecer
una vía de escape, según dos funcionarios de la UE. La convención
establece las instancias en las cuales los gobiernos pueden abandonar
compromisos previos.
La
UE no está convencida y en cambio presiona por una solución basada en
el arbitraje. Está preparada para agregar detalles al acuerdo existente
sobre la forma en que cualquiera de las partes puede exigir un arbitraje
si negociaciones futuras no se traducen en un reemplazo para el
backstop.
El
backstop, la parte más polémica del acuerdo de divorcio, mantiene al
Reino Unido en una unión aduanera con la UE "a menos o hasta que" un
futuro pacto comercial u otros acuerdos hagan innecesarios los controles
fronterizos.
May necesita el respaldo de los miembros probrexit de su
Partido Conservador, quienes consideran que el backstop es una entrega
inaceptable de la futura autonomía de Gran Bretaña.
Las
tratativas entre ambas partes se centran en ayudar a Cox a cambiar su
opinión legal sobre el acuerdo del backstop. En diciembre, Cox expresó
su inquietud por la redacción existente. Si cambia de opinión, la idea
--quizás optimista-- es que los legisladores probrexit ofrezcan su
respaldo.
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