PANAMÁ.- La ministra de Economía
panameña, Eyda Varela, y entidades bancarias advirtieron este viernes
que el país centroamericano puede quedar aislado de no aprobarse en el
Congreso un proyecto de ley que penaliza el fraude fiscal.
"Vamos a
quedar como un país aislado. El panameño que vive de su trabajo día a
día se va a ver afectado", advirtió Varela en su cuenta de Twitter.
La ministra hizo la alerta después de que la Asamblea de
diputados dejara este jueves sin discutir un proyecto de ley para
penalizar la evasión de impuestos.
La medida ha sido solicitada
por distintos organismos internacionales para evitar que Panamá vuelva a
ser incluida en listas de paraísos fiscales.
Varela indicó que
la evasión de impuestos ya es un delito en casi todos los países, por lo
que "genera dudas" en la comunidad internacional el que Panamá no lo
penalice, añadió Varela.
La evasión fiscal no es un delito en Panamá, sino una simple falta administrativa que no es penada con privación de libertad.
El
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el
blanqueo de capitales, pidió a Panamá aprobar una nueva legislación
antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos
fiscales.
"Panamá, para quien sus vínculos internacionales
resultan esenciales, se expone al aislamiento y a ser señalada como
cómplice de los delitos tributarios", dijo este viernes en un comunicado
la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que agrupa a cerca de 70
bancos.
La ABP indicó que la no penalización de la evasión fiscal
"tendrá consecuencias funestas" porque podría causar un "endurecimiento
de las condiciones de crédito y mayor dificultad para obtener préstamos,
lo que puede causar un fuerte golpe a la economía".
El gobierno
presentó al Congreso a principios de año un proyecto de ley que penaliza
con cinco años de cárcel a quien evada impuestos por encima de los
300.000 dólares, pero el proyecto está empantanado en la Asamblea.
Quienes
se oponen a la penalización de la evasión fiscal temen una pérdida de
competitividad del sector financiero y que la medida sirva para
persecución política, además de argumentar supuestos intereses
nacionales frente a organismos internacionales.
El sistema
financiero panameño fue duramente criticado en 2016 tras el escándalo de
los Papeles de Panamá, que expuso la evasión de impuestos en todo el
mundo a través de sociedades opacas creadas por un bufete panameño.
Desde
entonces, el gobierno aceleró diversas reformas y asumió el intercambio
de información financiera bajo parámetros exigidos por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin
embargo, Francia mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales,
mientras que la Unión Europea lo incluyó en su primera lista negra,
aunque posteriormente lo excluyó.
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