La renovación del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE)
está generando un incipiente debate político que tiene el más alto
interés para España, ya que desde la salida de este órgano de José
Manuel González Páramo, España carece de sillón en este importante
organismo. Ni qué decir tiene que la lamentable resolución del Banco
Popular y, acto seguido, la agraviante solución que se le ha dado a la
crisis de los dos bancos italianos al borde de la quiebra, ha avivado
la sensación de humillante aislamiento que vive España en una de las
instituciones más importante de la Eurozona, el BCE, en la que Italia
ha salido abrumadoramente beneficiada, aunque su buen dinero le va a
costar al Gobierno italiano.
España es uno de los cuatro grandes países de la zona. Es el único de
los cuatro grandes que no tiene un directivo en este importante
organismo. Tampoco tiene presencia relevante en los organismos que
entienden de las cuestiones bancarias en el ámbito de la Unión Europea.
La ausencia española en todas estas instituciones es una grave anomalía
si se tiene en cuenta que, fuera de la UE, hay profesionales españoles
del sector financiero con presencia destacada en organismos como el
Banco Internacional de Pagos de Basilea o el Fondo Monetario
Internacional. No le faltan a España profesionales de prestigio y de
alto nivel para contar con un profesional en el más influyente órgano
de decisión del BCE.
La composición de los órganos de dirección de
este organismo no es un reflejo de las nacionalidades o Gobiernos,
pero en la práctica las instituciones comunitarias suelen respetar una
cierta diversidad entre los países miembros, en especial con presencia
de los más influyentes. Y España lo es, sobre todo en el sector
bancario, en el que cuenta con al menos dos entidades de ámbito
internacional y, como se dice en el argot financiero, ambas de carácter
“sistémico”, es decir, con capacidad para ejercer una influencia
significativa más allá de las fronteras nacionales.
En un futuro no muy inmediato, el BCE tiene que proceder a una amplia
renovación de consejeros, que incluirá también al actual
vicepresidente y hasta al mismísimo presidente. La ocasión de dar
entrada a un español en este sanedrín de alto nivel financiero está, o
debería estar, por lo tanto en la hoja de ruta del Gobierno, cuyo
desvalimiento en la representación institucional europea está quedando
con demasiada frecuencia a la vista. El caso bancario ha sido el más
palpable en estos últimos meses.
El relevo está ya suscitando maniobras de todo tipo en las altas
instancias del Gobierno y de algunos organismos internacionales.
Fráncfort no quiere a un político en el Consejo de la entidad. Lo han
dicho de forma velada en diversas instancias algunos de sus
representantes, ante las presiones que se están ejerciendo desde algunos
ámbitos para que sea Luis de Guindos, actual ministro español de
Economía, quien ocupe un sillón en esta institución o incluso un puesto
de mayor relieve, como podría ser la vicepresidencia o incluso la más
alta responsabilidad.
En Bruselas quieren un perfil poco político o,
cuando menos, descartan a un ex ministro en el puesto de mando de una
institución tan relevante como es el BCE. Las posibilidades de De
Guindos parecen por lo tanto bastante mermadas para este cargo, lo que
no implica que las posibilidades españolas para contar con un
nacional en la institución bancaria europea sean menores. Hay una buena
lista de nombres, incluso de prestigio internacional, que pueden optar
al cargo. Lo que no puede suceder es que España siga ausente por más
tiempo de esta institución.
(*) Periodista y economista español
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