Los clientes españoles de bonos islandeses pierden sus inversiones al ser dados de baja

MADRID.- Los clientes españoles que suscribieron productos estructurados, bonos y participaciones preferentes, de la entidad islandesa Landsbanki han perdido oficialmente su inversión después de que la institución haya dado de baja los títulos ante el custodio internacional.

 Una circunstancia que las entidades que registraron mayor volumen de afectados en España, como Bankinter, han comunicado en las últimas semanas a través de cartas en las que informa a los clientes de que, a cambio, podrán desgravarse el rendimiento negativo de la inversión a efectos fiscales en su próxima declaración de la renta.

La subdirectora general adjunta de la entidad, Marta Centeno, explica en el documento que los bonos serán eliminados de la cuenta de intermediación, lo que generará una pérdida patrimonial al inversor. No obstante, añade, este quebranto se “podrá compensar con otros rendimientos de capital positivos y con el 15% del saldo positivo de las ganancias que se declaren en la base del ahorro” del ejercicio 2016.

Un mensaje similar al transmitido a principios de año por CaixaBank, que el pasado 29 de febrero procedió a borrar de su cartera de valores todos los títulos suscritos con Kaupthing, otro de los bancos islandeses que se declaró en quiebra, con un interés del 6,750 %.

El elevado Estado del bienestar, con un nivel de desarrollo similar al registrado en sus vecinos escandinavos, convirtió a Islandia, país de apenas 323.000 habitantes, en un paraíso para las economías del Viejo Continente, especialmente Reino Unido y Holanda, que vieron en Reikiavik una ‘city’ para el nuevo milenio.

Animados por la creciente actividad en la isla, la entidad más antigua del país, Landsbanki, y el banco comercial y de inversiones Kaupthing, iniciaron un proceso de expansión en el que atrajeron fuertes inversiones de los ahorradores de todo el mundo.

Consecuencia de este afán, ambas instituciones emitieron bonos propios, entre 2005 y 2006, con unas características similares a las participaciones preferentes, es decir, perpetuos y con un interés ligado a la buena marcha de la entidad.

Poco duró la euforia en los mercados, que ya por entonces sufrían en sigilo los primeros síntomas de colapso sin que nadie pudiera o supiera presagiar que apenas 24 meses después, en 2008, el castillo de naipes en el que se había convertido la economía mundial iba a desplomarse.

En este contexto de globalización e interconexión, el “efecto dominó” no se hizo esperar y los efectos de la mayor recesión desde el fin de la II Guerra Mundial pronto salpicaron las plazas europeas y al paraíso islandés, al que las agencias de calificación consideraban uno de los mejores ejemplos de solvencia, lo que no evitó que su hipertrofiado sistema bancario quebrara ese mismo año.

Las inversiones captadas en el exterior habían provocado que los activos bancarios crecieran hasta nueve veces por encima del Producto Interno Bruto de Islandia que, sin darse cuenta, perdió su capacidad para responder en situaciones de crisis.

Ni siquiera la nacionalización tanto de estas entidades como del Glitnir, tercer banco del Estado, pudo garantizar los ahorros de los clientes, no sólo particulares, sino también empresas y organismos públicos, especialmente ingleses y holandeses, países donde los perjudicados ascienden a 300.000.

Seis años después de que el pueblo islandés, reacio a acelerar el fin de su utopía, se negase a devolver los 3.800 millones adeudados, la supresión de los títulos inquieta a los ahorradores, en buen número usuarios de banca privada que, aseguran, recurrieron a esta operación alentados por sus propios gestores.

Un marco que ya fue refrendado por la Asociación Europea de Libre Comercio en 2013, cuando el tribunal dio la razón a Islandia y dejó como última estrategia para los clientes demandar al banco que les vendió los productos.

A pesar de la falta de consenso entre los juzgados españoles, las últimas sentencias han señalado a las entidades por omitir las características de estos productos de “riesgo patente” a los inversores, quienes ahora se aferran a esta vía como última alternativa.