CANBERRA.- Australia quiere prohibir de por vida el derecho a solicitar
un visado, incluso de turismo, a los refugiados que desembarquen
clandestinamente en sus costas, o lo hayan intentado, endureciendo
todavía más una de las políticas migratorias más férreas del mundo.
El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ha
explicado este domingo que someterá cuanto antes al parlamento un
proyecto de ley que, de aprobarse, tendrá efecto retroactivo y se
aplicará por lo tanto a cientos de migrantes que llevan años en los
centros de detención offshore con los que cuenta el país. En virtud de
este texto, las personas que hayan intentado entrar ilegalmente en
Australia no podrán nunca solicitar un visado de turismo o trabajo.
El jefe de gobierno presentó esta medida como "un mensaje
absoluto, inflexible e inequívoco" para los que pretenden entrar de
forma ilegal en Australia.
"Es un combate entre los australianos,
representados por su gobierno, y las bandas criminales de traficantes de
personas", dijo en rueda de prensa con su ministro de Inmigración,
Peter Dutton. "Nadie debe subestimar el alcance de la amenaza de estos
traficantes que son los peores criminales que uno se pueda imaginar y
que dirigen un negocio de varios miles de millones de dólares".
Australia aplica desde hace años una política muy dura con
los migrantes y repele sistemáticamente a los barcos que intenten llegar
a sus costas. Afirma hacerlo en nombre de la lucha contra el trafico de
seres humanos y la necesidad de disuadir a los inmigrantes de
aventurarse en una travesía peligrosa. Los migrantes que lo consiguen
acaban por una duración indeterminada en centros de detención de la isla
de Manu (en Papúa Nueva Guinea), en la minúscula isla del Pacífico de
Nauru, o en la de Christmas, en el océano Índico. Se quedan el tiempo
que se tramita la solicitud de asilo. Aunque la demanda se considere
fundada no se les autoriza a instalarse en suelo australiano. Pueden
elegir entre las islas, otro país o regresar al suyo.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han
denunciado, en múltiples ocasiones, las condiciones de detención en
estos campos y la "absoluta desesperación" de sus ocupantes, según
Amnistía Internacional.
El proyecto de ley prevé que sea retroactivo al 19 de julio
de 2013, cuando el ex primer ministro laborista Kevin Rudd anunció: "A
partir de ahora, cualquier solicitante de asilo que llegue a Australia
por barco no tendrá ninguna oportunidad de que se le autorice a quedarse
en el país como refugiado".
El texto contempla que los niños queden
eximidos. Algo más de 400 hombres, mujeres y niños están detenidos en
Nauru. El de Manus cuenta con 800 hombres y la isla de Christmas con
otros cientos de solicitantes de asilo.
Varias oenegés han expresado este domingo su preocupación
por los efectos de este proyecto de ley. "Este es el típico anuncio que
empujará a la gente al extremo", consideró Mat Tinkler, de Save the
children. "El gobierno debe actuar urgentemente para devolver la
esperanza a estas personas, no para seguir quitándosela".
Según David Manne, abogado del centro legal para los
refugiados y la inmigración, el texto castiga a los candidatos legítimos
al asilo. "No responde para nada al tema fundamental que es saber dónde
volverán a construir sus vidas en seguridad y con dignidad", declaró a
la Australian Broadcasting Corporation.
El gobierno australiano afirma que, desde 2013, su política
permitió reducir la afluencia de refugiados e impedir los naufragios de
embarcaciones precarias en sus costas. Australia subió recientemente la
cuota de refugiados que acepta cada año, de 13.750 a 18.750 personas.
También aceptó recibir, de forma excepcional, a 12.000 migrantes de
Siria y de Irak.
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