ATENAS.- Hace un año, el primer ministro
griego, Alexis Tsipras, capituló y aceptó un tercer plan de rescate para
su país. Hoy, Grecia ha dejado atrás el riesgo de un Grexit, pero las
duras medidas económicas siguen golpeando a los exhaustos griegos.
A
finales de junio de 2015, Tsipras y su por entonces iconoclasta
ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, no habían logrado, tras cinco
meses de batalla, que los acreedores del país (Unión Europea, Banco
Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) suavizaran las medidas
impuestas al país desde 2010. Esto era indispensable para poder así
respetar las promesas sociales de su partido de izquierda, Syriza,
vencedor de las elecciones al inicio de aquel año.
Necesitada
urgentemente de ayuda financiera, Grecia no pudo hacer frente a un pago
al FMI, que vencía a finales de junio 2015. Fue un acontecimiento casi
inédito. Entonces, Tsipras anunció que iba a someter a referéndum la
última tanda de medidas propuesta por los acreedores a cambio de
financiación para el país.
Todo ello se produjo en medio del
pánico bancario en el país y de la instauración de un control de
crédito, aún en vigor aunque ahora flexibilizado.
El 5 de julio,
los griegos dicen "No" a los acreedores, con más del 61% de votos. Pese a
ello, Tsipras no se atreve a embarcarse en una salida del euro. Deja
que Varoufakis salga del Gobierno y lo reemplaza por Euclides
Tsakalotos, más de consenso.
Una semana más tarde, el 13 de
julio, firma un tercer préstamo al país por 86.000 millones de euros en
tres años, a cambio de nuevas alzas de impuestos, reforma de las
pensiones, entre otras medidas tan duras que son calificadas de "golpe
de Estado" por algunos medios.
Desde entonces, Grecia aplica el
austero programa, pese a las protestas sociales y a las repercusiones de
la crisis migratoria. El país ya ha obtenido de la UE que se le
entreguen 28.900 millones de euros y un inicio de debate para aligerar
su deuda (182% del PIB).
Tsipras,
que al llegar al poder había prometido mitigar socialmente los efectos
de la austeridad, asegura mantenerse firme en sus principios, pese a las
numerosas deserciones en el seno de su formación Syriza registradas
tras su capitulación del año pasado.
Así, la semana pasada, Tsipras calificó en Twitter la victoria del "No" del año pasado como un "acto de sublime resistencia" contra la Europa de la austeridad.
Esta
manera "de hacer creer que se negocia (con los acreedores) de manera
muy dura y dejar que las cosas se estanquen puede revelarse como su
error más grave", opina el politólogo Georges Sefertzis.
Entretanto,
según la Comisión Europea, el PIB griego debería retroceder este año un
0,3% y proseguir su ininterrumpida caída -salvo durante un período de
2014- desde 2009.
Los objetivos de superávit primario (sin contar
los intereses de la deuda) impuestos por el plan de los acreedores son
del 0,5% del PIB para este año, del 1,75% en 2017 y del 3,5% en 2018.
Algunos,
desde el FMI (que duda en asociarse al plan) al gobernador del banco de
Grecia, Yannis Stournaras, consideran irrealistas los 3,5% de superávit
previstos para 2018.
Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido a
recortar más las pensiones y los sueldos de los funcionarios si no se
logran los objetivos y a llevar a cabo un controvertido plan de
privatizaciones.
Se trata de una arriesgado compromiso, según
Sefertzis, que podría provocar nuevas elecciones anticipadas, pues el
Gobierno querría dejar esta "patata caliente" al principal partido de
oposición, Nueva Democracia (ND), al que los sondeos otorgan más de 10
puntos de ventaja sobre Syriza.
Pero nadie pide esas elecciones.
"Hoy", resume Sefertzis, "el país empieza a estar furioso con Tsipras,
pero no está entusiasmado con sus opositores. Está el país en estado de
depresión masiva, pero ya no dispuesto a rebelarse, pues no cree más en
la revolución".
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