ATENAS.- El Gobierno griego y
las instituciones acreedoras concluyeron hoy la primera fase de las
negociaciones sobre la aplicación del tercer rescate a Grecia sin cerrar
ningún asunto, pero con el objetivo de concluir con éxito la revisión a
finales de mes.
"Hemos hecho una lista de los temas en los que hay acercamiento de
posturas y de los que necesitan más progreso a nivel técnico o
político", dijo el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, a la
salida de esta última jornada de reuniones.
Los jefes de misión de la denominada cuadriga -Comisión Europea,
Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo
Monetario Internacional- se marchan hoy de Atenas dejando solo a los
equipos técnicos y no volverán hasta mediados de mes, una vez que se
haya avanzado en los puntos principales de esta primera revisión del
programa de rescate.
"Lo que está bien es que tanto en el tema del impuesto sobre la renta
como en la reforma de pensiones hay acuerdo sobre su estructura
básica... (Los acreedores) entienden el compromiso del Gobierno de no
reducir las pensiones", añadió el ministro.
Con ello aludió a dos de los puntos principales de la negociación: la reforma fiscal y la de pensiones.
En la reforma fiscal, el Gobierno propone, entre otras medidas,
elevar del 42 al 50 por ciento el tipo máximo del IRPF, para ingresos
anuales que superen los 60.000 euros.
En cuanto a la reforma de pensiones, el ministro de Trabajo, Yorgos
Katrúgalos, afirmó hoy que, en contra de lo que se ha asegurado en los
medios, los acreedores no han exigido una bajada de las pensiones.
El Gobierno ha prometido no tocar las pensiones principales -solo las
suplementarias- de los que ya están jubilados y, a cambio, propone
elevar en medio punto porcentual las cotizaciones de los trabajadores y
en 1 % las de los patronos.
En una entrevista con la cadena privada ANT1, Katrúgalos explicó que
las principales objeciones de los acreedores afectan precisamente a las
alzas de las cotizaciones, pero también a la cantidad de la pensión
estatal garantizada y a la rentabilidad del sistema en general.
Los acreedores ya habían planteado a priori sus reservas a la subida
de las cotizaciones, pues consideran que elevar la presión sobre los
patronos es contraproducente en un país con tan elevado paro.
El plan del Gobierno pretende además introducir una renta garantizada
mínima de 384 euros tras 15 años de cotización; los acreedores
planteaban una cotización mínima de 20 años, y consideran excesiva la
cuantía.
Pese a las múltiples diferencias que persisten, Tsakalotos se mostró
relativamente optimista y afirmó que "todo el mundo se centra en tratar
de finalizar la evaluación entre el 26 al 28 de febrero".
"Si me preguntan estoy hoy más feliz que el primer día", dijo.
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