MADRID.- El Gobierno español no someterá a
referéndum el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios
(TiSA) que medio centenar de Estados
--incluidos los de la UE a través de la Comisión Europea-- están
negociando, ya que considera que el procedimiento de negociación y
conclusión del tratado "ofrece suficientes garantías de legitimidad
democrática de las decisiones".
Así lo señala en respuesta al portavoz económico de Amaiur en
el Congreso, Rafael Larreina, quien preguntó por escrito acerca del
papel de España en estas negociaciones que, teme, acaben suponiendo un
"nuevo recorte ilegítimo de soberanía" e impulse una
"hiperliberalización" del flujo internacional de información de datos
personales.
Según el Gobierno, España no tiene "presencia ni participación
directa" en las negociaciones, que la Comisión está liderando en nombre
de los 28 mediante un "mandato" aprobado por el Consejo Europeo que
fija los "límites y directrices" de lo que la Unión está dispuesta a
aceptar.
De hecho, la UE "se ha reservado el derecho a modificar o
retirar su oferta, en todo o en parte, en cualquier momento anterior a
la conclusión de las negociaciones", lo que para el Ejecutivo es
"garantía" de que "no se firmará un acuerdo que vaya en contra de los
intereses de España o de la Unión".
En su respuesta, el Ejecutivo
recuerda asimismo que "existe un segundo control" ya que el acuerdo
"deberá obtener el visto bueno" de la Eurocámara, así como la
ratificación de los parlamentos de los estados miembros en relación con
las competencias nacionales que puedan verse afectadas, lo que a su
juicio "garantiza la defensa de los intereses de la ciudadanía y el
modelo europeo de bienestar".
"El Gobierno no contempla la posibilidad de someter a
referéndum el resultado del proceso TiSA al considerar que el
procedimiento previsto para la negociación y conclusión del acuerdo
ofrece suficientes garantías de legitimidad democrática de las
decisiones", apostilla, asegurando en cualquier caso que "se sigue con
especial atención" este proceso para "asegurarse de que se consideran
debidamente los intereses españoles y se obtienen los resultados
esperados".
Por otra parte, recuerda que Uruguay se ha unido recientemente
a las negociaciones y que Mauricio también ha presentado una solicitud,
por lo que la "variedad de países participantes", cada uno con
"intereses muy diversos", constituye una "garantía adecuada" de que la
negociación "sólo podrá culminar satisfactoriamente si el contenido
final resulta conveniente para el conjunto y no para unos pocos
exclusivamente".
Es más, cualquier miembro de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) puede incorporarse al TiSA "tanto durante las
negociaciones como tras su conclusión" y la "esperanza" es que este
tratado acabe "integrándose en el sistema multilateral" de dicho
organismo e incluso que se aplique a todos los miembros de la OCDE si se
"alcanza una masa crítica de participantes".
Para garantizar que el acuerdo recoge las aspiraciones de la
sociedad civil, el Ministerio de Economía mantiene también un "diálogo
abierto" con diferentes colectivos mediante comisiones consultivas,
continúa la respuesta parlamentaria.
En cualquier caso, el Ejecutivo recuerda que el régimen
económico español es "relativamente abierto al comercio de servicios",
algo que "no modificará" TiSA, que sólo "reflejará ese nivel de
apertura" sin afectar a la legislación nacional y únicamente
"comprometiendo que no se introducirán medidas más restrictivas en el
futuro salvo en determinados sectores sensibles".
Esto permitirá "eliminar barreras a las exportaciones de
servicios", lo que redundará en un beneficio económico para un país en
el que este sector "juega un papel relevante en la competitividad
exterior", como es el caso español. De ahí la posición "favorable" del
Ejecutivo a una "mayor liberalización" en este tipo de intercambios.
"La firma de este acuerdo podrá fomentar las exportaciones
españolas de servicios, apuntalar la recuperación económica y crear
empleo en el sector servicios. Además, fomentará la competencia y con
ello las ganancias de productividad. En ningún caso supondrá
restricciones de soberanía ciudadana", asegura a renglón seguido.
Con respecto a la preocupación específica sobre la protección
de datos personales, el Gobierno explica que el futuro Reglamento
Europeo será de aplicación a "cualquier tratamiento realizado fuera del
espacio comunitario que consista en una oferta de bienes o servicios a
personas residentes en la UE o el seguimiento de los datos personales de
las personas comunitarias.
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