WASHINGTON.- El presidente de EE UU, Barack Obama , prevé pedir al Congreso nuevos
fondos por valor de 2.000 millones de dólares para hacer frente al
flujo de niños centroamericanos que llegan solos a la frontera, al
tiempo que busca dar más autoridad a su Administración para acelerar la
deportación de los menores.
Según ha indicado un funcionario de la Casa Blanca, el mandatario
enviará el lunes una carta informando al Congreso de su decisión de
pedir "nuevos recursos y más flexibilidad" para lidiar con la llegada de
los niños inmigrantes, y se espera que solicite formalmente los fondos a
partir del 7 de julio.
Además de la solicitud monetaria, dirigida a los esfuerzos
humanitarios y de seguridad derivados de la llegada masiva de niños,
Obama pedirá al Congreso que revise las normas actuales para dar más
autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin
de acelerar la deportación de los niños centroamericanos. "Queremos
trabajar con el Congreso para (...) proporcionar al secretario de
Seguridad Nacional más autoridad para tomar decisiones a la hora de
procesar el regreso y deportación de los menores solos de países no
contiguos (a EE UU), como Guatemala, Honduras y El Salvador", ha dicho
el funcionario de la Casa Blanca, que ha pedido el anonimato. Además, la
Administración quiere pedir al Congreso más flexibilidad para "aumentar
las penas contra aquellos que trafican con migrantes vulnerables, como
los niños", ha añadido.
Estrategia de disuasión
La ley estadounidense prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional
deportar a los niños inmigrantes inmediatamente después de su llegada al
país en caso de que su nación de origen no comparta una frontera con
este, por lo que no puede hacerlo con los menores que vienen de
Guatemala, Honduras o El Salvador. El Gobierno de Obama busca obtener la
autorización del Congreso para hacer ese proceso más similar al de los
niños que llegan desde México, que pueden ser deportados más fácilmente.
Los niños centroamericanos interceptados al llegar al país son
reubicados en instituciones federales o con parientes dentro del país a
la espera de que su caso avance a través del sistema de justicia
migratoria estadounidense, un proceso lento pero que eventualmente
conduce a la deportación en la mayoría de los casos.
Cuando el Congreso vuelva de su receso actual, a partir del 7 de
julio, el Gobierno solicitará los 2.000 millones de dólares más, una
cifra que han adelantado los diarios 'The Washington Post' y 'The New
York Times' y que el funcionario consultado ha insistido en que aún no
es definitiva, porque la Casa Blanca aún está ultimando su plan.
El Gobierno quiere que esa cantidad financie una "legislación de
gasto suplementario de emergencia" para contar con los "recursos
necesarios para detener, procesar y cuidar adecuadamente de los niños"
detenidos en la frontera, que suman unos 52.000 en los últimos nueve
meses. La legislación incluiría además "una estrategia agresiva de
disuasión centrada en la deportación y repatriación de inmigrantes que
han cruzado la frontera recientemente", un aumento "sostenido" en la
seguridad en la frontera y un aumento "significativo" de los jueces de
inmigración, que se dedicarían con prioridad a la crisis. Por último,
los fondos permitirían aumentar la cooperación con los países de
Centroamérica para repatriar a los inmigrantes, "afrontar las causas que
están en la raíz de la migración y comunicar las realidades de estos
viajes peligrosos" a los ciudadanos centroamericanos.
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