MÉXICO.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México reiteró su
consideración de que la reforma energética promovida hoy en el país solo
favorecerá a las empresas transnacionales.
La formación de izquierda refirió que la próxima semana se reabrirá en
el Senado la discusión en comisiones de las leyes secundarias en la
materia, como parte de las cuales se crea un régimen de excepción a
favor de las compañías extranjeras.
De acuerdo con un estudio de la fuerza opositora, en esas legislaciones se legaliza el despojo de tierras ejidales, comunales y de particulares en las que haya petróleo, gas o se pretenda construir instalaciones eléctricas.
En los artículos 41 y 42 de la Ley de hidrocarburos, cuyo dictamen ya fue avalado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), se faculta al Presidente de la República para establecer zonas de salvaguarda en lugares que por sus posibilidades así lo ameriten.
Son las áreas en las que se explotarán yacimientos de petróleo o gas, sobre las cuales, de forma discrecional, el mandatario Enrique Peña Nieto podrá decidir, advirtió la perredista Dolores Padierna, citada por el diario La Jornada.
Por medio de esa disposición, a propuesta de la Secretaría de Energía (Sener) el jefe de Estado podrá decretar, por ejemplo, una zona de salvaguarda en San Salvador Atenco o en la Selva Lacandona para algún proyecto energético, porque no hay ninguna restricción, manifestó.
Las normativas secundarias también indican que la Sener deberá instruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen las acciones necesarias a fin de no obstaculizar la competencia, el desarrollo eficiente de los mercados y la política pública del sector.
Según Padierna, su bancada realizó un estudio de las 21 leyes complementarias que se dictaminan en el Senado y la Cámara de Diputados, y la conclusión es que están pensadas y estructuradas para beneficiar plenamente a las trasnacionales petroleras y del sector eléctrico.
En ellas se dan facultades al organismo de Energía para ordenar la expropiación de tierras ejidales, comunales y privadas, en caso de que sus propietarios no lleguen a un acuerdo sobre la venta o renta de las mismas a las empresas foráneas.
De esa forma, los indígenas de Chiapas o los ejidatarios de Guerrero tienen que enfrentarse con Chevron, Shell o cualquier otra trasnacional y aceptar lo que les ofrezcan por sus tierras, de lo contrario, el gobierno se las expropia, apuntó.
Mientras el PRI y el PAN defienden la necesidad de la reforma energética para el desarrollo del país, ante la baja productividad de Pemex, el PRD la considera una entrega de los recursos naturales a manos privadas y promueve una consulta popular para revertirla.
De acuerdo con un estudio de la fuerza opositora, en esas legislaciones se legaliza el despojo de tierras ejidales, comunales y de particulares en las que haya petróleo, gas o se pretenda construir instalaciones eléctricas.
En los artículos 41 y 42 de la Ley de hidrocarburos, cuyo dictamen ya fue avalado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), se faculta al Presidente de la República para establecer zonas de salvaguarda en lugares que por sus posibilidades así lo ameriten.
Son las áreas en las que se explotarán yacimientos de petróleo o gas, sobre las cuales, de forma discrecional, el mandatario Enrique Peña Nieto podrá decidir, advirtió la perredista Dolores Padierna, citada por el diario La Jornada.
Por medio de esa disposición, a propuesta de la Secretaría de Energía (Sener) el jefe de Estado podrá decretar, por ejemplo, una zona de salvaguarda en San Salvador Atenco o en la Selva Lacandona para algún proyecto energético, porque no hay ninguna restricción, manifestó.
Las normativas secundarias también indican que la Sener deberá instruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen las acciones necesarias a fin de no obstaculizar la competencia, el desarrollo eficiente de los mercados y la política pública del sector.
Según Padierna, su bancada realizó un estudio de las 21 leyes complementarias que se dictaminan en el Senado y la Cámara de Diputados, y la conclusión es que están pensadas y estructuradas para beneficiar plenamente a las trasnacionales petroleras y del sector eléctrico.
En ellas se dan facultades al organismo de Energía para ordenar la expropiación de tierras ejidales, comunales y privadas, en caso de que sus propietarios no lleguen a un acuerdo sobre la venta o renta de las mismas a las empresas foráneas.
De esa forma, los indígenas de Chiapas o los ejidatarios de Guerrero tienen que enfrentarse con Chevron, Shell o cualquier otra trasnacional y aceptar lo que les ofrezcan por sus tierras, de lo contrario, el gobierno se las expropia, apuntó.
Mientras el PRI y el PAN defienden la necesidad de la reforma energética para el desarrollo del país, ante la baja productividad de Pemex, el PRD la considera una entrega de los recursos naturales a manos privadas y promueve una consulta popular para revertirla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario