MADRID.- Organizaciones sociales y sindicales españolas condenaron hoy
las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos para
firmar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones.
Una carta entregada a las sedes de la Comisión Europea en España
expresa la preocupación por un recorte generalizado de los derechos
fundamentales de la población y la influencia sin precedentes para las
grandes corporaciones que traería el acuerdo.
Entre los peligros del tratado incluyen la posible eliminación de salvaguardas y la degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética.
El acuerdo permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que reduzcan sus oportunidades de lucro.
El documento denuncia que según filtraciones de documentos, varias regulaciones previstas serían contrarias al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y reforzaría la privatización de la salud y de la educación pública.
Asimismo expresa que se impediría a las administraciones regular el sector financiero, restringir fusiones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras o establecer un control de capitales.
Las organizaciones firmantes abogan por un Mandato de Comercio Alternativo y una revisión del régimen comercial para basarlo en la democracia, cooperación, participación, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad.
Entre otras firman la carta la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Confederación General del Trabajo, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra Unesco.
Entre los peligros del tratado incluyen la posible eliminación de salvaguardas y la degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética.
El acuerdo permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que reduzcan sus oportunidades de lucro.
El documento denuncia que según filtraciones de documentos, varias regulaciones previstas serían contrarias al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y reforzaría la privatización de la salud y de la educación pública.
Asimismo expresa que se impediría a las administraciones regular el sector financiero, restringir fusiones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras o establecer un control de capitales.
Las organizaciones firmantes abogan por un Mandato de Comercio Alternativo y una revisión del régimen comercial para basarlo en la democracia, cooperación, participación, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad.
Entre otras firman la carta la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Confederación General del Trabajo, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra Unesco.
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