WASHINGTON.- El departamento del Tesoro de Estados Unidos descartó un eventual rescate financiero de Puerto Rico, que padece una aguzada crisis económica y un endeudamiento de cerca de 70.000 millones de dólares.
La agencia de calificación Standard & Poor's decidió el martes
degradar la calificación que ostenta el denominado Estado Libre
Asociado, respecto a la solvencia de la deuda soberana, y le otorgó una
nota de BB+, lo que equivale a colocarla en la categoría de bono basura.
La rebaja refleja las dificultades de la isla para acceder a liquidez en el mercado de capitales, lo que encarecía el dinero que pide prestado para poder financiar su deuda, explicó la firma.
Sin embargo, la administración del presidente Barack Obama dejó claro que baraja otros recursos para aliviar la situación financiera de la isla, pero no de manera directa, al igual que ocurre con la ciudad de Detroit.
La urbe, opaco símbolo de la industria automovilística, es la octava ciudad estadounidense declarada en bancarrota desde 2012, tras iniciar un declive en los años noventa del pasado siglo, reforzado por la crisis financiera desatada en 2008.
La llamada capital del motor se declaró en quiebra en agosto pasado, con una deuda récord de 18.500 millones de dólares, que ha llevado a la suspensión de protecciones constitucionales que aseguran las pensiones a trabajadores y jubilados, entre otros aspectos.
La crisis económica y financiera que atraviesa Puerto Rico puede convertirla en la Grecia del Caribe, vaticinó recientemente un artículo publicado en el sitio digital canadiense Global Research.
La isla caribeña enfrenta una deuda de más de 70.000 millones de dólares y una tasa de desempleo cercano al 15 por ciento, factores que provocan una creciente emigración hacia territorio continental de Estados Unidos.
Al igual que Grecia, la economía puertorriqueña carece de competitividad y está atada a la moneda de un país rico, en este caso el dólar norteamericano, lo cual hace temer que la llamada Isla del Encanto caiga en una situación caótica que provoque un éxodo de los inversionistas externos.
El artículo suscrito por el investigador Timothy Alexander Guzmán añadió que mayores recortes a las pensiones públicas y el incremento de los impuestos a todos los niveles, son algunas de las posibles opciones que valora el gobierno puertorriqueño.
Según el texto de Global Research, estas y otras medidas de austeridad hacen de Puerto Rico "un barril de pólvora a punto de estallar en el corazón del Caribe", lo que tendrá consecuencias negativas para los mercados en la región, especialmente en Estados Unidos.
Esto puede provocar revueltas populares cuando la población se percate que sus capacidades económicas son sacrificadas por las autoridades locales con el apoyo de Washington para cumplir las obligaciones financieras, argumentó.
También Moody´s
La situación financiera de Puerto Rico sufrió hoy otro duro revés cuando la casa crediticia Moody's degradó a chatarra los bonos del gobierno, dos días después de que lo hiciera Standard & Poor's. La acción de Moody's Investors Service coloca contra la pared a esta isla del Caribe, un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, que ya ha advertido que no vendrá en su auxilio ante la deuda pública que enfrenta superior a los 70.000 millones de dólares.
La casa crediticia clasificó de Baa3, el punto más bajo en el grado de inversión; a Ba2, alto riesgo, las Obligaciones Generales del Gobierno puertorriqueño, lo que tiene como efecto limitar la emisión de bonos o hacerlo pagando altos intereses.
De inmediato, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que la determinación tiene un basamento incorrecto, además de ser inconsistente con las expresiones de la propia firma al reconocer las acciones de su administración para atender la situación económica y fiscal en la que se recibió el gobierno.
Al moverse en consonancia con Standard & Poor's (S&P), Moody's complica aún más el escenario financiero de la isla cuando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) buscaba contener los pagos obligatorios una vez los bonos se reconsideran de alto riesgo, además de buscar liquidez mediante nuevas emisiones.
La deuda pública nacional, superior a los 70.000 millones de dólares, equivale al 93 por ciento del Producto Interno Bruto /PIB), en momentos en que el país tiene una tasa oficial de desocupación que ronda al 15 por ciento, que duplica la estadounidense.
García Padilla recordó que desde que asumió la gobernación el 2 de enero de 2013, su administración ha cumplido con todos los requerimientos planteados en los informes de Moody's, S&P y las otras casas crediticias de Wall Street.
"Estamos en desacuerdo tanto con su evaluación como con sus conclusiones y así se lo estamos expresando", manifestó en declaraciones escritas.
Moody's degradó en diciembre de 2012 los bonos de obligaciones generales del ELA con una perspectiva negativa, después que el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), con el entonces gobernador Luis G. Fortuño a la cabeza, perdió las elecciones generales.
En esa oportunidad estableció que para mejorar la posición crediticia el país debía reformar los Sistemas de Retiro, obtener un repunte económico que se tradujera en mayores recaudos para el erario, un control de gastos y aumento en ingresos para balancear el presupuesto y eliminar el déficit.
García Padilla refirió que su administración atendió las exigencias de los prestamistas, por lo que en las reuniones que sostuvieron en Nueva York hace una semana "pudieron evidenciar de primera mano el cumplimiento completo y absoluto de los criterios impuestos".
Los requisitos de liquidez, acciones legislativas, y desempeño económico y presupuestario han sido inequívocamente sobrepasados, reclamó el gobernante al mostrar su disgusto con la acción de S&P y de Moody's.
Acusó a la casa crediticia Moody's de abandonar su rol fundamental de proveer a sus clientes un análisis sin prejuicios y se ha enfrascado en un juego de percepción con sus competidores.
Mientras, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, propuso declarar una emergencia fiscal en el país, tras la degradación del crédito de la isla.
"Es apropiado declarar una emergencia fiscal que justifique la implantación de un nuevo sistema contributivo a tono con las circunstancias actuales", dijo Pierluisi, delegado electo de Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal, donde no tiene derecho a voto.
Añadió que se deben revertir los nuevos impuestos que encarecen los costos de hacer negocios en Puerto Rico y reformular las tasas contributivas de las corporaciones para distribuir mejor la carga de una forma más justa y razonable entre las empresas exentas y las no-exentas.
La rebaja refleja las dificultades de la isla para acceder a liquidez en el mercado de capitales, lo que encarecía el dinero que pide prestado para poder financiar su deuda, explicó la firma.
Sin embargo, la administración del presidente Barack Obama dejó claro que baraja otros recursos para aliviar la situación financiera de la isla, pero no de manera directa, al igual que ocurre con la ciudad de Detroit.
La urbe, opaco símbolo de la industria automovilística, es la octava ciudad estadounidense declarada en bancarrota desde 2012, tras iniciar un declive en los años noventa del pasado siglo, reforzado por la crisis financiera desatada en 2008.
La llamada capital del motor se declaró en quiebra en agosto pasado, con una deuda récord de 18.500 millones de dólares, que ha llevado a la suspensión de protecciones constitucionales que aseguran las pensiones a trabajadores y jubilados, entre otros aspectos.
La crisis económica y financiera que atraviesa Puerto Rico puede convertirla en la Grecia del Caribe, vaticinó recientemente un artículo publicado en el sitio digital canadiense Global Research.
La isla caribeña enfrenta una deuda de más de 70.000 millones de dólares y una tasa de desempleo cercano al 15 por ciento, factores que provocan una creciente emigración hacia territorio continental de Estados Unidos.
Al igual que Grecia, la economía puertorriqueña carece de competitividad y está atada a la moneda de un país rico, en este caso el dólar norteamericano, lo cual hace temer que la llamada Isla del Encanto caiga en una situación caótica que provoque un éxodo de los inversionistas externos.
El artículo suscrito por el investigador Timothy Alexander Guzmán añadió que mayores recortes a las pensiones públicas y el incremento de los impuestos a todos los niveles, son algunas de las posibles opciones que valora el gobierno puertorriqueño.
Según el texto de Global Research, estas y otras medidas de austeridad hacen de Puerto Rico "un barril de pólvora a punto de estallar en el corazón del Caribe", lo que tendrá consecuencias negativas para los mercados en la región, especialmente en Estados Unidos.
Esto puede provocar revueltas populares cuando la población se percate que sus capacidades económicas son sacrificadas por las autoridades locales con el apoyo de Washington para cumplir las obligaciones financieras, argumentó.
También Moody´s
La situación financiera de Puerto Rico sufrió hoy otro duro revés cuando la casa crediticia Moody's degradó a chatarra los bonos del gobierno, dos días después de que lo hiciera Standard & Poor's. La acción de Moody's Investors Service coloca contra la pared a esta isla del Caribe, un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, que ya ha advertido que no vendrá en su auxilio ante la deuda pública que enfrenta superior a los 70.000 millones de dólares.
La casa crediticia clasificó de Baa3, el punto más bajo en el grado de inversión; a Ba2, alto riesgo, las Obligaciones Generales del Gobierno puertorriqueño, lo que tiene como efecto limitar la emisión de bonos o hacerlo pagando altos intereses.
De inmediato, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que la determinación tiene un basamento incorrecto, además de ser inconsistente con las expresiones de la propia firma al reconocer las acciones de su administración para atender la situación económica y fiscal en la que se recibió el gobierno.
Al moverse en consonancia con Standard & Poor's (S&P), Moody's complica aún más el escenario financiero de la isla cuando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) buscaba contener los pagos obligatorios una vez los bonos se reconsideran de alto riesgo, además de buscar liquidez mediante nuevas emisiones.
La deuda pública nacional, superior a los 70.000 millones de dólares, equivale al 93 por ciento del Producto Interno Bruto /PIB), en momentos en que el país tiene una tasa oficial de desocupación que ronda al 15 por ciento, que duplica la estadounidense.
García Padilla recordó que desde que asumió la gobernación el 2 de enero de 2013, su administración ha cumplido con todos los requerimientos planteados en los informes de Moody's, S&P y las otras casas crediticias de Wall Street.
"Estamos en desacuerdo tanto con su evaluación como con sus conclusiones y así se lo estamos expresando", manifestó en declaraciones escritas.
Moody's degradó en diciembre de 2012 los bonos de obligaciones generales del ELA con una perspectiva negativa, después que el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), con el entonces gobernador Luis G. Fortuño a la cabeza, perdió las elecciones generales.
En esa oportunidad estableció que para mejorar la posición crediticia el país debía reformar los Sistemas de Retiro, obtener un repunte económico que se tradujera en mayores recaudos para el erario, un control de gastos y aumento en ingresos para balancear el presupuesto y eliminar el déficit.
García Padilla refirió que su administración atendió las exigencias de los prestamistas, por lo que en las reuniones que sostuvieron en Nueva York hace una semana "pudieron evidenciar de primera mano el cumplimiento completo y absoluto de los criterios impuestos".
Los requisitos de liquidez, acciones legislativas, y desempeño económico y presupuestario han sido inequívocamente sobrepasados, reclamó el gobernante al mostrar su disgusto con la acción de S&P y de Moody's.
Acusó a la casa crediticia Moody's de abandonar su rol fundamental de proveer a sus clientes un análisis sin prejuicios y se ha enfrascado en un juego de percepción con sus competidores.
Mientras, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, propuso declarar una emergencia fiscal en el país, tras la degradación del crédito de la isla.
"Es apropiado declarar una emergencia fiscal que justifique la implantación de un nuevo sistema contributivo a tono con las circunstancias actuales", dijo Pierluisi, delegado electo de Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal, donde no tiene derecho a voto.
Añadió que se deben revertir los nuevos impuestos que encarecen los costos de hacer negocios en Puerto Rico y reformular las tasas contributivas de las corporaciones para distribuir mejor la carga de una forma más justa y razonable entre las empresas exentas y las no-exentas.
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