MADRID.- Más allá de las marchas convocadas en España por las grandes organizaciones sindicales, los recortes han disparado la aparición de pequeñas manifestaciones espontáneas de ciudadanos que gritan su indignación en las principales calles de muchas provincias.
En las horas previas a la convocatoria de una gran manifestación
en medio centenar de ciudades españolas en contra de los recortes,
diversos grupos de protestantes no pudieron esperar y colapsaron el
jueves algunas de las calles céntricas de Madrid.
La convocatoria vespertina vino también precedida de un acto de sabotaje con los
neumáticos de varias furgonetas de la Policía Nacional pinchados.
Los recortes, que afectan fuertemente a los empleados públicos,
han provocado también la ira de los cuerpos de seguridad del Estado, con
sindicatos policiales, de la guardia civil y militares recomendando
secundar las protestas utilizando términos que van de la "indignación" a
la "estafa".
La subida de los impuestos indirectos, las restricciones y
recortes a los subsidios por desempleo y otras medidas que afectan
principalmente a la clase media o a los sectores más desfavorecidos en
una sociedad con más de cinco millones de parados han disparado la
indignación y el descrédito contra las clases dirigentes.
"Llevamos varios años de medidas contra grupos sociales de clase
media cuando, por el contrario, no se toman otras medidas contra lo que
podríamos llamar la clase política o dirigente, incluyendo en esto al
mundo financiero y empresarial", dice Juan Díez, presidente de la
consultora sociológica ASEP.
Las convocatorias espontáneas suelen llevarse a cabo a través de
mensajería instantánea o redes sociales, y el carácter anárquico de las
mismas está preocupando al Gobierno del conservador Partido Popular
(PP), que ha cerrado a cal y canto las inmediaciones del Congreso en un
dispositivo de seguridad que el resto de grupos parlamentarios considera
excesivo.
"Con las nuevas tecnologías, uno no tiene tiempo de pensar, no
delibera. No se necesita preparar las convocatorias, y sin embargo éstas
se llevan a cabo y hacen ruido", dice Sandra Suárez, investigadora de
la Universidad de Temple, en Filadelfia.
"Esto tiene al Gobierno un poco nervioso", agregó Suárez, quien
publicó una investigación sobre el uso de móviles en la organización de
las protestas tras los atentados del 11-M en 2004.
Simbólicamente, este mismo jueves el Congreso ha aprobado la
tipificación de la violencia urbana como delito posibilitando la
aplicación de la prisión provisional como medida cautelar.
La semana pasada, el Gobierno anunció un durísimo paquete de
medidas, entre las que incluyó la subida del IVA o la retirada de la
paga de Navidad de los empleados públicos, a quienes ya se les recortó
el sueldo en 2010.
Diversas modificaciones de horarios y otras condiciones han
llevado a los funcionarios a perder también poder adquisitivo en sus
nóminas en 2011 y 2012 pese a una supuesta congelación salarial.
Bajo la argumentación de que no hay dinero para pagar todos los
servicios públicos, la nueva vuelta de tuerca del Gobierno a los
funcionarios fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de un
colectivo habitualmente poco dado a las protestas, y visto por parte de
la ciudadanía como privilegiado y dañado en su imagen por comentarios
discutidos de varios miembros del actual Gobierno.
"Esto ha excedido las cuestiones ideológicas (...) y se está
extendiendo más allá de los grupos que tradicionalmente se manifestaban,
hasta vemos a militares y a policías que amenazan con manifestarse",
dice Ramón Pacheco, profesor del Kings College de Londres especializado
en política española.
El principal sindicato de funcionarios de España, CSI-F, que ya
convocó a una huelga del sector público para septiembre, dijo el jueves
que estudia consensuar con otros sectores que el paro se convierta en
una huelga general para todos los sectores.
Desde el anuncio de los recortes de la semana pasada, todos los
días un grupo de unos cien funcionarios se reúne en su descanso del café
a protestar ante la sede del PP, en un ritual que se repite de idéntica
manera ante otros puntos de la capital madrileña.
"No me importa apretarme el cinturón un poco, ya lo habíamos
hecho con las anteriores medidas, pero esto ya es increíble. Las medidas
son ya muy duras, y luego dices, ¿para qué? Si ves que los políticos
siguen robando", dice Iria, una auditora de Hacienda de 34 años,
mientras protesta frente a la sede del gobernante Partido Popular.
En lo que sí existe una división de opiniones entre los expertos
es en si esta oleada de protestas puede llevar al Gobierno a no acabar
su legislatura pese a su abrumadora mayoría ante la expectativa de que
se recrudezcan las protestas a un nivel insostenible.
"Es difícil sobrevivir políticamente y cívicamente a todo lo que
nos espera todavía. Es muy difícil hacer predicciones, pero es más que
probable que esta legislatura tenga un límite anterior a su cumplimiento
como tal", dice Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la UCM.
Si bien el Ejecutivo del Partido Popular (PP) en sus siete meses
de gobierno está llevando a cabo recortes sociales de singular dureza,
éstos ya habían comenzado con el anterior gobierno del Partido
Socialista.
"No pueden entenderse las recientes movilizaciones contra la
política del Gobierno sin tener en cuenta el creciente malestar social
de los últimos años y que pone de manifiesto el 15-M (...) por sucesivas
medidas, iniciadas en el último Gobierno de Zapatero y acentuadas
durante el Gobierno de Rajoy que atentan a los cimientos del Estado
social tal como se entendía desde los tiempos de la transición", dice
José Manuel Ruano, profesor de Ciencia Política en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
Con el último paquete de medidas de ajuste anunciado, el Gobierno
pretende obtener un impacto positivo en las cuentas públicas de 65.000
millones de euros hasta 2014 que le ayuden a alcanzar las metas de
déficit exigidas por Bruselas.
Sin embargo, y con el propio presidente del Gobierno reconociendo
que este ajuste impedirá a España salir de la recesión incluso en 2013,
algunos se preguntan si esto no lleva a España a un camino sin salida
hacia el rescate.
"Pienso que estas protestas podrían llevar a un rescate en toda
regla (tras el rescate a la banca ya acordado con Bruselas) puesto que
Rajoy no puede seguir recortando", dice Suárez.
Otros analistas estiman que la mayoría parlamentaria del PP es lo
suficientemente sólida como para aguantar toda la legislatura y que
España está muy lejos de entrar en una situación de caos e impago de
deuda como en el caso de Grecia.
"Hasta ahora, los Gobiernos se mantienen porque tienen mayoría
parlamentaria, y de momento no parece que el Gobierno vaya a perder la
mayoría parlamentaria que tiene, como tampoco la ha perdido Zapatero a
pesar de que su impopularidad era muy grande incluso entre los votantes
socialistas", señala Díez.
"De momento, aquí no hemos llegado a la situación de Grecia, ni
en movimientos sociales ni en cuanto a lo que son las posibles
consecuencias", agrega.
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