El Ejecutivo comunitario quiere que se creen comités de supervisión de riesgos en los consejos de administración de todas las entidades y que se designe un consejero encargado específicamente de riesgos que tenga el mismo nivel que el consejero responsable de finanzas.
Estas propuestas aparecen recogidas en un Libro Verde que el Ejecutivo comunitario y someterán ahora a consulta pública para recibir las opiniones de todos los actores interesados. El plazo para recibir respuestas concluirá el próximo 1 de septiembre y la Comisión sopesa presentar propuestas legislativas en 2011.
La crisis financiera ha revelado "importantes debilidades" en el gobierno corporativo de las instituciones financieras, según la Comisión.
La supervisión y el control de los directivos por parte del consejo de administración fue "insuficiente", se descuidó la gestión de riesgos, la estructura de primas fomentó el cortoplacismo y los accionistas no controlaron tampoco los riesgos de las instituciones financieras que poseían, destacó el Ejecutivo comunitario.
Para corregir esta situación, Bruselas propone obligar a crear en los consejos de administración de los bancos comités especializados en la supervisión de riesgos. Estos comités tendrían como función fijar la política en materia de riesgos de la entidad que se haría pública.
El Ejecutivo comunitario también quiere reforzar la autoridad de la función de gestión de riesgos en los bancos y para ello propone darle al consejero responsable de riesgos el mismo estatus que al responsable de finanzas.
Asimismo, Bruselas pretende limitar a tres el número de consejos de administración a los que puede pertenecer un consejero y evaluar mejor sus conocimientos y calificaciones individuales.
Finalmente, la Comisión propone reforzar la participación de los accionistas, los supervisores y los auditores externos en la gestión de riesgos y restringir las opciones sobre acciones y las indemnizaciones por despido para los directivos bancarios.
El Ejecutivo comunitario publicó además un informe sobre el grado de cumplimiento por parte de los Estados miembros de las recomendaciones aprobadas en abril de 2009 para restringir las remuneraciones en el sector financiero y también en el resto de empresas.
En el primer caso, Bruselas concluye que sólo 16 Estados miembros -España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Luxemburgo, Rumanía, Suecia, Reino Unido y Países Bajos-, han adoptado medidas para aplicar total o parcialmente estas recomendaciones a nivel nacional.
Los otros 11 aún no lo han hecho, aunque República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda y Portugal las están poniendo en marcha.
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