En concreto, Salgado indicó que la deducción en el IRPF por rehabilitación de vivienda habitual tendrá un coste recaudatorio de 1.400 millones de euros anuales, mientras que la exención a los trabajadores de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público supondrán 120 millones de euros menos de ingresos.
Asimismo, la aplicación del IVA superreducido a los servicios de atención a la dependencia implicará, según Salgado, 80 millones de euros menos en recaudación, de los que la mitad los dejará de ingresar el Estado y la otra mitad, las comunidades autónomas.
Salgado dijo además que la libertad de amortización de las empresas, que se ha prorrogado para 2010 y 2011, podría tener un coste recaudatorio de hasta 600 millones de euros, pero recordó que esto es en realidad un diferimiento, ya que lo que se deja de ingresar se recupera más tarde.
La vicepresidenta subrayó que la mayor parte de estas cifras están incluidas en los "esquemas" de reducción del déficit público que el Gobierno español envió a Bruselas, por lo que no conllevarán un incremento adicional del mismo.
Por otro lado, y en relación con los préstamos directos que podrá conceder el ICO a pymes asumiendo la totalidad del riesgo, el Ejecutivo estima que se producirán entre 70.000 y 100.000 operaciones, aunque Salgado precisó que se trata de cálculos "muy preliminares".
La vicepresidenta económica explicó que el ICO ya está diseñando sus efectivos y medios para afrontar tal volumen de operaciones y recordó que, aunque los préstamos estarán limitados hasta un máximo de 200.000 euros, el ICO no tendrá límites para disponer de fondos que dar a las empresas, pues "se está financiando muy bien en los mercados".
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