El ministerio de Defensa Legal publicó las convocatorias para que los abogados defiendan al Estado en los procesos arbitrales interpuestos la firma italiana Euro Telecom International (ETI), la petrolera Graña-Montero, un consorcio alemán-peruano, y la chilena Quiborax, según informó el lunes el diario La Razón.
Bolivia dispone de un presupuesto de 450.000 dólares, que será financiado del Tesoro General de la Nación (TGN), para el pago de los honorarios de los abogados que sean contratados, según el diario.
ETI demandó al Estado boliviano tras la nacionalización en 2008 de la Empresa nacional de Telecomunicaciones, Entel, de la cual tenía acciones la firma italiana, poco después lo hizo Graña-Montero en la almacenadora Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB).
En 2004, Bolivia suspendió la licencia de operaciones a la empresa chilena Quiborax en la explotación de un mineral en el salar de Uyuni, en el sudoeste del país.
Las tres empresas demandaron a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) en exigencia de pagos justos.
El gobierno del presidente Evo Morales renunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial antes de que ETI iniciara una demanda arbitral contra Bolivia para lograr una indemnización por sus acciones. El gobierno boliviano objeta la competencia de ese tribunal para tratar el caso.
Morales creó el Ministerio de Defensa Legal del Estado para hacer frente a varios juicio arbitrales tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en 2008.
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