Este estudio, titulado 'Análisis comparativo del sistema español de I+D+i', incluye a 24 de los 27 países de la Unión Europea (exceptuando Malta, Chipre y Luxemburgo) más Suiza, Islandia, Noruega, Turquía, Estados Unidos y Japón.
Según se concluye de este documento, cuanto mayor es la inversión privada en I+D+i, mejor es la eficiencia. En este sentido, en España ésta supone el 57,1 por ciento de la inversión en este terreno, hasta 7.453 millones de euros (según los últimos datos disponibles correspondientes a 2007), mientras que el 42,5 por ciento proviene de fondos públicos.
En países como Suecia, Alemania, Finlandia o Japón los sistemas nacionales de I+D+i cuentan con una participación del capital privado de entre el 65,7 por ciento y el 69,7 por ciento, mientras que en Suiza, el 100 por cien de la inversión es privada.
"En un contexto de crisis y alta competitividad, la urgencia de profundizar e implementar las recetas aprendidas es apremiante", señaló Santos Campano al tiempo que recomendó aplicar estrategias que funcionan en países líderes de la innovación.
El estudio demuestra que las economías menos fuertes "dan ejemplo". Así, países como Turquía, Rumania y Portugal demuestran "saber utilizar los recursos que pueden dedicar a I+D+i de forma mucho más eficiente que el resto de países analizados". En concreto, estos tres países consiguen resultados 100 por cien eficientes en lo que se refiere a generación de derechos de propiedad intelectual, mientras que España apenas alanza un 41 por ciento en este capítulo.
Para el presidente de la Cámara de Comercio madrileña, esto demuestra que "la eficiencia de la inversión destinada al I+D+i no depende del tamaño del Producto Interior Bruto (PIB) de una economía ni del presupuesto público que destina a la Investigación, Desarrollo e Innovación".
El análisis que ha practicado la consultora para medir la eficiencia global de los modelos de I+D+i de los 30 países analizados ha tenido en cuenta el importe invertido en los distintos sistemas nacionales de I+D+i (recursos financieros o de capital), y también ha recogido otras tres variables: los recursos humanos dedicados a este esfuerzo, los que generan derechos de propiedad intelectual y los que generan aplicaciones tecnológicas.
Asimismo, de este análisis se deriva un ratio global de eficiencia del 66,91 por ciento para España, lo que le sitúa en "el furgón de cola del mundo desarrollado".
Dicho resultado global es fruto de conjugar los resultados de cuatro variables para medir su eficiencia global: recursos financieros o de capital, en lo que obtiene un resultado del 67 por ciento; recursos humanos dedicados a este esfuerzo, con un resultado del 41 por ciento; los que generan derechos de propiedad intelectual (40 por ciento) y los que generan aplicaciones tecnológicas, con un 65 por ciento.
Las políticas de incremento de gasto público practicadas en España en los últimos seis años han supuesto en torno a 43.000.000 millones de euros, "lo que aconseja un cambio de enfoque en la estrategia y una drástica reducción de los impuestos que pesan sobre las empresas, condicionando la dedicación de esos recursos financieros a proyectos de I+D+i empresariales", según Santos Campano.
"Es necesario un gran pacto de Estado por la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenido entre los partidos políticos, sindicatos y empresarios, donde tampoco pueden faltar representantes del sector académico y científico público y privado", aseveró el presidente de la entidad cameral.
Santos Campano abogó por la reforma del sistema nacional de I+D+i, de forma que "incentive una mayor participación del capital privado para conseguir aumentar la eficiencia del sistema español de I+D+i por lo menos un tercio más". "Es perentoria la necesidad de poner en marcha medidas de política fiscal que estimulen la inversión privada, especialmente de las pymes, que son las grandes olvidadas en esta cuestión".
Según Santos Campano, la única política que permite hasta la fecha a las pymes mantener una participación paritaria con las grandes empresas "es en el ascenso a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i, deducciones que ahora están en entredicho".
No obstante, la deducción de la que se han beneficiado las pymes, estimada del análisis de los proyectos objeto de informes motivados por este concepto, es de 222,7 millones de euros, "y parece irrelevante comparada con los 9.662 millones de euros que registraba la partida 46 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2007".
"La reciente decisión del Gobierno de Zapatero de no suprimir los estímulos fiscales a la inversión productiva es lo más prudente, especialmente porque a mediados de 2010 se producirá la temida subida de impuestos para aliviar el déficit público" expresó Santos Campano añadiendo que es necesario "recuperar ciertas deducciones fiscales por actividades empresariales de I+D+i actualmente desaparecidas, como las que se dirigen a países ajenos a la UE-27".
En este sentido, recordó que la Cámara de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) elevaron al Gobierno central el pasado mes de septiembre un plan con nueve propuestas de medidas fiscales para la internacionalización de las empresas madrileñas, entre las que se incluían las referidas al estímulo fiscal a la I+D+i.
El informe de 'Deloitte' recoge toda una serie de recomendaciones y medidas a aplicar en diferentes fases, medidas que pasan de recoger las estrategias que funcionan en los países líderes en innovación a otras para reorientar el sistema educativo, sensibilizar a los empresarios y mejorar los instrumentos de financiación de la I+D+i.
Santos Campano explicó que España "podría ser un 33 por ciento más eficiente en sus resultados, lo que evidencia no sólo el fracaso de nuestro sistema nacional de I+D+i en lo que se refiere a consecución de objetivos, sino que además pone de manifiesto un hecho de mayor trascendencia para la economía española por sus consecuencias para el empleo".
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