Según Caamaño, lo que se ha hecho es "encontrar soluciones en el ámbito internacional a una situación compleja y difícil", pero insistió en el que Gobierno como tal no ha pagado a los secuestradores.
Aun con todo, señaló que le parece "perfecto" que "se investiguen los hechos y si se encuentran delitos se esclarezcan" porque eso es "lo que tiene que hacer" el poder judicial y "lo que está claro" es que el Gobierno quiere que se actúe "con la Ley en la mano".
En cuanto a la postura crítica que ha mantenido la oposición con respecto a la resolución del caso, Caamaño consideró que se trata de algo normal en "un Estado democrático". Sin embargo, puntualizó que "si hay que valorar la gestión del Gobierno, los resultados son evidentes" tal y como demuestra la liberación de 36 personas que se encontraban privadas de su libertad.
Según el ministro, el Gobierno ha optado por "trabajar con esfuerzo, discreción y prudencia", y lo ha hecho "con la ley en la mano, tal y como se hace en un Estado de Derecho", reiteró, asegurando que el Ejecutivo informará de todo ello al Parlamento.
Se investiga los bufetes de abogados de Londres
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió una pieza separada para investigar a los bufetes de abogados de Londres (Reino Unido) y otros países europeos que presuntamente actuaron como intermediarios en el secuestro del atunero 'Alakrana', cuyos 36 tripulantes fueron liberados el pasado martes tras 47 días de cautiverio, informaron hoy fuentes jurídicas.
Pedraz accede, de esta forma, a la solicitud del fiscal Jesús Alonso, que le pidió ayer que abra una pieza "separada y secreta" para*esclarecer "toda la trama jurídico-financiera vinculada con los secuestradores, a los comisionistas intervinientes en la liberación así como a los bufetes de abogados de Londres y otros países europeos".
No obstante, el instructor no tiene previsto por el momento realizar ninguna diligencia en esta nueva causa, desglosada de la pieza principal sobre el secuestro e independiente de otra que permitirá juzgar a los dos piratas somalíes detenidos, porque de momento el Ministerio Público no se lo ha solicitado.
Además, el magistrado tiene previsto viajar la próxima semana a Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) para tomar declaración a los 16 marineros españoles que formaban parte de la tripulación de pesquero, una vez que lleguen a sus lugares de residencia.
La nueva investigación que instruirá el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 tiene el objetivo de investigar a los abogados y comisionistas e intermediarios que "hayan podido participar en las negociaciones del secuestro y demás hechos concurrentes con los citados", tal y como solicitó ayer la Fiscalía.
El Ministerio Público también solicitó al juez que procediera a "la toma de declaración de los pescadores liberados", al efecto de que testifiquen sobre las circunstancias en las que se produjo su secuestro y puedan ejercer la acción particular en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. No obstante, fuentes fiscales explicaron que su petición se dirige únicamente a los 16 marineros españoles que trabajaban en el atunero, ya que el resto tienen otras nacionalidades.
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