El director de Perenco para América Latina, Rodrigo Márquez, denunció "una toma de facto de nuestros activos, de nuestras instalaciones, de nuestras operaciones" por parte del gobierno, por lo cual presentarían en un tribunal de arbitraje internacional una demanda de "expropiación indebida".
El gerente de una filial de la estatal Petroecuador, Wilson Pástor, manifestó que si Perenco terminó "desde el medio día del viernes su relación laboral por decisión unilateral... obviamente también implica que ya ha abandonado la operación efectiva de los campos" petroleros. La firma francesa informó con una circular el despido de sus empleados, dijo el funcionario.
La disputa se desencadenó después de que el gobierno ecuatoriano designó a Petroamazonas, la filial de la petrolera estatal, para que ejerciera tareas de supervisión y apoyo técnico en los campos de Perenco, para garantizar la producción de crudo que la petrolera francesa amenazaba con suspender por un lío fiscal.
Según Márquez, después de que el gobierno procedió a "tomar las instalaciones" petroleras, los empleados de Perenco "ya no obedecen instrucciones nuestras", por lo que "nos vemos en la obligación de terminar esas relaciones con los trabajadores".
Pástor negó que la acción gubernamental se trate de una "expropiación" como sostiene Perenco y dijo que el gobierno dará "soporte técnico para que haya continuidad en las operaciones y no se paralice la producción". de unos 20.000 barriles diarios.
Anticipó que las autoridades buscarán "la figura correspondiente para que Petroamazonas asuma las operaciones desde el punto de vista real y legal de la forma más conveniente" porque el contrato con la compañía sigue vigente.
El funcionario de Petroamazonas que la ley contempla que "la discontinuidad de operaciones por más de 30 días" es uno de los causales de caducidad de un contrato, aunque dijo que todavía las autoridades están analizando la situación jurídica.
La petrolera francesa había comunicado a las autoridades su intención de suspender sus operaciones para impedir que el gobierno le cobre una deuda de unos 357 millones de dólares, incautándole parte del crudo que explota, lo cual la compañía sostiene es ilegal.
Desde Londres, Márquez dijo que "nos vemos ante una total indefensión por la forma en la que (se) ha manejado esto".
"Vamos a hacer un reclamo por expropiación indebida porque esto lo está haciendo el gobierno sin entregarnos ninguna compensación", aseguró, aunque de momento le pareció "prematuro aventurar" un monto que reflejara las aspiraciones de la firma.
La demanda se presentará en el marco de un caso ya abierto en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal de arbitraje con sede en Washington, adscrito al Banco Mundial.
Perenco rehusa pagar la deuda tributaria que corresponde a la vigencia desde el 2007 de una ley que obliga a pagar al Estado el 99% de las ganancias extraordinarias obtenidas por los precios del crudo, inesperadamente altos, y que no estaban contempladas en los contratos originales.
La petrolera francesa sostiene que fue ilegal la modificación de sus contratos que terminan entre el 2010 y el 2012.
Petroamazonas se hizo cargo de los campos que operaba la estadounidense Occidental hasta el 2006 y que salió luego de que Ecuador rescindiera su contrato en mayo de ese año acusándola de incumplimientos contractuales.
Occidental llevó su caso al Ciadi en busca de que Ecuador le restituya los campos petroleros y le pague una compensación de 1.000 millones de dólares.
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