Perenco acusó la semana pasada a Ecuador de cometer "una toma de facto" de sus instalaciones petroleras y despidió a sus 250 trabajadores en el país sudamericano, en el nuevo giro de un desacuerdo fiscal entre Perenco y las autoridades ecuatorianas.
"La decisión ... no es de la naturaleza que atraiga inversión extranjera en Ecuador o genere un clima de negocios propicio para el desarrollo económico y las relaciones comerciales", dijo la cancillería francesa en un comunicado.
El ministerio del exterior pidió a Ecuador que respete los derechos de Perenco y reanude el diálogo con la empresa.
En Quito, el canciller Fander Falconí, consultado por las afirmaciones de Francia, dijo que la actuación de Ecuador "ha sido una decisión apegada en todo sentido al derecho y la ley".
"En este caso nosotros ejecutamos las decisiones de política pública del gobierno nacional", agregó.
Una filial de la petrolera estatal de Ecuador asumió la semana pasada la producción de crudo de Perenco en esa nación con el argumento de que la empresa amenazaba con suspender las operaciones.
A principios de año, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ordenó a Perenco el pago de lo que dijo era una deuda de 357 millones de dólares por impuestos acumulados desde que un decreto de 2007 aumentó a 99% el gravamen a las ganancias extraordinarias por el petróleo.
Perenco asegura que el gobierno no puede modificar unilateralmente los contratos vigentes, que en su caso expiran entre 2010 y 2012.
Ecuador financia el 40% del presupuesto nacional con las exportaciones petroleras. Perenco genera alrededor de 27.500 barriles de crudo al día, que representan el 5,5% de la producción nacional.
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