"La cantidad puede ser significativa y me temo puede exceder los 30.000" empleados públicos cesados, expresó en rueda de prensa.
Federico Torres Montalvo, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, dijo que las propuestas de Fortuño son "un plan que encierra una nueva filosofía de gobierno dirigida a desmantelar el servicio público y darle ese espacio a la empresa privada".
El mandatario dijo que antes de comenzar los despidos intentará ahorrar recursos al ofrecer una reducción permanente de un día laboral a los empleados públicos y un plan de retiros voluntarios.
"El gobierno es demasiado grande y gasta mucho y lo que gasta es el dinero de todos los puertorriqueños que diligentemente entregan sus planillas. Sencillamente el gobierno se tiene que achicar", dijo el gobernador en un mensaje radial y televisado de media hora.
El gobierno es el principal patrono de la isla, donde residen 3,9 millones de personas. La nómina del sector público asciende a 5.528 millones de dólares anuales, según datos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La Junta de Planificación registraba en junio de 2008 un total de 218.000 empleados públicos, que representan un 21% de la fuerza laboral del país. Fortuño habló el martes de 300.000 empleados públicos.
Los gobiernos municipales emplean a otras 63.000 personas, mientras que las agencias del gobierno estadounidense en la isla cuentan con unos 14.900 trabajadores.
Desde el año fiscal 2000, los gastos en la nómina pública han aumentado alrededor de 6% anual, mientras que los ingresos del gobierno han incrementado en sólo 1%.
El presupuesto gubernamental para el presente año fiscal asciende a unos 9.500 millones de dólares, pero Fortuño espera que su plan ayude a reducir el gasto público en 1.700 millones de dólares al año.
El plan de reducción de la nómina gubernamental se ejecutará a partir del primero de julio por un periodo de 12 meses.
Fortuño advirtió que se congelará todo aumento de sueldos, beneficios marginales, aumento de compensación o beneficios económicos, a partir del primero de julio y por dos años fiscales.
Entre las medidas temporeras para aumentar los recaudos, figura una moratoria de casi todos los programas de créditos contributivos a las empresas, excepto los créditos contributivos otorgados a proyectos de turismo, cine y manufactura.
Además, se impondrá durante dos años un aumento temporero de 5% en la contribución sobre ingresos de todas las corporaciones, bancos, compañías de seguro y entidades bancarias internacionales, y un cargo de 5% sobre los ingresos de cooperativas de seguro y de ahorro cuyo ingreso neto exceda los 250,000 dólares al año.
También impondrá un ajuste temporero de 5% en la contribución sobre ingresos de los individuos que devengan sobre 100.000 dólares al año y matrimonios que ganan más de 150.000 dólares. También habrá un cargo temporero en la contribución sobre la propiedad inmueble residencial a casas de alto valor.
La única medida impositiva al consumo será un alza al arbitrio sobre los cigarrillos, el vino y la cerveza, cuyos ingresos irán dirigidos específicamente a pagar el plan de salud del gobierno.
Para el profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Argeo Quiñones, los problemas actuales de Puerto Rico surgen de donde mismo brotó la bonanza hace 50 años: de la política de incentivar la inversión extranjera a base de exenciones contributivas a la manufactura. Lo que el gobierno llamó "Operación manos a la obra".
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