BRUSELAS.- La Comisión Europea y España mantienen un pulso por el régimen español de Impuesto de Sociedades, del cual Bruselas exige la modificación de algunos capítulos por considerarlos "discriminatorios" para con el resto de las empresas europeas.
Pero España no parece dispuesta a modificar su ley en los términos pretendidos por el Ejecutivo comunitario, que la semana pasada envió una nueva advertencia a Madrid, otorgándole un plazo de dos meses para obedecer sus requerimientos, so pena de llevar la cuestión ante la justicia europea.
Según indicaron este lunes fuentes del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio español de Economía y Hacienda, la resistencia de España a introducir ciertos cambios está motivada por la gran heterogeneidad entre las tasas impositivas dentro de la UE, lo que fomenta "un problema de deslocalización" ante la falta de armonización impositiva.
"A pesar de la convergencia de la economía de los países de la UE, existe todavía una gran heterogeneidad entre las tasas impositivas en los diferentes Estados miembros, además de que la presión fiscal en los Veintisiete se sitúa muy por encima de otras economías desarrolladas, como Estados Unidos y Japón", señalan.
En el Gobierno español se aportan cifras para apuntalar su razonamiento en las que se refleja que el total de la presión fiscal en la UE-25 oscila entre el máximo del 50,6% en Suecia hasta el mínimo del 28,6% que registra Irlanda.
Frente a esto, la legislación española establece que los dividendos distribuidos por entidades radicadas en España y en ciertos países como Luxemburgo, Liechtenstein, Chipre, y regiones como Antillas Holandesas y Gibraltar, y en las que una empresa española tenga una participación superior al 5%, pueden acogerse a exenciones fiscales.
Sin embargo, los dividendos repartidos por compañías del resto de socios comunitarios no pueden beneficiarse de las mismas ventajas tributarias.
Esta diferencia legal es rechazada por Bruselas por considerar que "atenta" contra la libre circulación del mercado de capitales y "supone una barrera" en función de la procedencia de las entidades.
"La Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, no puede tolerar que se pongan trabas desproporcionadas a la actividad transfronteriza en el interior de la Unión Europea", manifestó el comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovac.
De su lado, el Gobierno español se defiende aportando datos de la Oficina Estadística comunitaria (Eurostat), según los cuales el Impuesto de Sociedades en España, con un tipo medio del 32,5%, es uno de los más elevados de la UE-27.
La falta de una uniformidad en la UE ha conducido a algunos socios, liderados por Francia y Alemania, a abrir un debate para fomentar la armonización tributaria sobre los dividendos empresariales y evitar así el peligro de que las empresas inviertan en los nuevos miembros del bloque, con fiscalidad más laxa.
España apuntala esta iniciativa, recordando además el fenómeno de la percepción de fondos comunitarios en detrimento de países que, como ella misma, van a dejar de recibir ayudas de Bruselas.
"No sólo los nuevos Estados juegan con la ventaja de tener una presión fiscal menos elevada, sino que a ello hay que unir el hecho de que estos socios están tomando ventajas con las transferencias que reciben de los fondos europeos para subsidiar las tasas impositivas sobre la actividad económica", añaden en el ICO.
"Este hecho agravaría el problema del traslado de empresas y explicaría el destino de parte de la inversión directa hacia los países con menores tasas impositivas", continúan.
Pero España no parece dispuesta a modificar su ley en los términos pretendidos por el Ejecutivo comunitario, que la semana pasada envió una nueva advertencia a Madrid, otorgándole un plazo de dos meses para obedecer sus requerimientos, so pena de llevar la cuestión ante la justicia europea.
Según indicaron este lunes fuentes del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio español de Economía y Hacienda, la resistencia de España a introducir ciertos cambios está motivada por la gran heterogeneidad entre las tasas impositivas dentro de la UE, lo que fomenta "un problema de deslocalización" ante la falta de armonización impositiva.
"A pesar de la convergencia de la economía de los países de la UE, existe todavía una gran heterogeneidad entre las tasas impositivas en los diferentes Estados miembros, además de que la presión fiscal en los Veintisiete se sitúa muy por encima de otras economías desarrolladas, como Estados Unidos y Japón", señalan.
En el Gobierno español se aportan cifras para apuntalar su razonamiento en las que se refleja que el total de la presión fiscal en la UE-25 oscila entre el máximo del 50,6% en Suecia hasta el mínimo del 28,6% que registra Irlanda.
Frente a esto, la legislación española establece que los dividendos distribuidos por entidades radicadas en España y en ciertos países como Luxemburgo, Liechtenstein, Chipre, y regiones como Antillas Holandesas y Gibraltar, y en las que una empresa española tenga una participación superior al 5%, pueden acogerse a exenciones fiscales.
Sin embargo, los dividendos repartidos por compañías del resto de socios comunitarios no pueden beneficiarse de las mismas ventajas tributarias.
Esta diferencia legal es rechazada por Bruselas por considerar que "atenta" contra la libre circulación del mercado de capitales y "supone una barrera" en función de la procedencia de las entidades.
"La Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, no puede tolerar que se pongan trabas desproporcionadas a la actividad transfronteriza en el interior de la Unión Europea", manifestó el comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovac.
De su lado, el Gobierno español se defiende aportando datos de la Oficina Estadística comunitaria (Eurostat), según los cuales el Impuesto de Sociedades en España, con un tipo medio del 32,5%, es uno de los más elevados de la UE-27.
La falta de una uniformidad en la UE ha conducido a algunos socios, liderados por Francia y Alemania, a abrir un debate para fomentar la armonización tributaria sobre los dividendos empresariales y evitar así el peligro de que las empresas inviertan en los nuevos miembros del bloque, con fiscalidad más laxa.
España apuntala esta iniciativa, recordando además el fenómeno de la percepción de fondos comunitarios en detrimento de países que, como ella misma, van a dejar de recibir ayudas de Bruselas.
"No sólo los nuevos Estados juegan con la ventaja de tener una presión fiscal menos elevada, sino que a ello hay que unir el hecho de que estos socios están tomando ventajas con las transferencias que reciben de los fondos europeos para subsidiar las tasas impositivas sobre la actividad económica", añaden en el ICO.
"Este hecho agravaría el problema del traslado de empresas y explicaría el destino de parte de la inversión directa hacia los países con menores tasas impositivas", continúan.
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