MADRID.- El pleno del Congreso dio luz verde definitiva al proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, que obligará a las empresas, de forma progresiva a partir de 2011, a disponer de una garantía financiera para cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir. El objetivo es dar cobertura legal al principio de "quien contamina, paga y repara". El texto incorpora una modificación del Senado que limita estas obligaciones para empresas españolas que trabajen con fondos públicos en países fuera de la UE.
En general, la norma obligará a más de 5.000 empresas industriales, más de un millón de explotaciones agrarias y más de 30.000 empresas de transporte y mercancías a corregir los posibles daños que ocasionen al medio ambiente. Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.
La el pleno de la Cámara Baja incorporó finalmente 11 de las 13 modificaciones incluidas por la Cámara Alta a la Ley, que transpone una directiva europea y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E..
Entre los cambios introducidos, una de los más polémicos fue la inclusión de la disposición adicional decimotercera, que remite a las empresas españolas que trabajan con fondos públicos en países fuera de la UE a los convenios internacionales suscritos por España y el país en el que se encuentren en caso de causar daños medioambientales, en lugar de aplicar la normativa española.
Los senadores de IU-ICV y ERC, Joan Herrera y Rosa María Bonás, respectivamente, que subrayaron durante el debate que esta redacción libera de responsabilidad a las compañías en el extranjero, con la especial "gravedad" que esto comporta en países del Tercer Mundo.
"Han optado por lo peor --dijo Herrera--. Los convenios internacionales son más laxos y en muchos de los países ni siquiera han sido ratificados. Esas empresas no tendrán ninguna responsabilidad cuando salgan al extranjero".
Sin embargo, la diputada socialista María Montserrat Colldeforns i Sol, argumentó que con la modificación incorporada por la Cámara Alta "las empresas que en el exterior se porten mal van a tener que devolver las ayudas públicas y no van a poder solicitar otras más en dos años" en dos años.
Por otro lado, todos los parlamentarios se felicitaron de la inclusión de una nueva disposición adicional en el texto que recoge la indemnización a 44 damnificados por la rotura de la presa de Tous, en Valencia, suceso del que el próximo 20 de octubre se cumplirán 25 años.
Con este inciso la legislación recoge el derecho de las 44 familias de percibir las mismas compensaciones que hubieran cobrado si figuraran en las listas de afectados que se incorporaron al proceso judicial, cuya sentencia dictó el Tribunal Supremo en 1997 y condenó al Estado a indemnizar a los perjudicados, pero no incluyó a estos 44 damnificados (de las poblaciones de Carcaixent, Antella y Sumacàrcer), ausentes de las listas elaboradas por la administración.
La ley de responsabilidad ambiental obligará a reparar los daños que haya sufrido el medio ambiente y a devolver los recursos naturales al estado original en que se encontraban. En todo caso, si los daños potenciales al medio ambiente se sitúan por debajo del umbral de 300.000 euros, los operadores quedarán exentos de esta exigencia.
Entre 300.000 y 2.000.000 de euros, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Por encima del umbral de 2.000.000 de euros, se exigirá siempre la garantía financiera.- (Agencias)
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