BRUSELAS.- La Comisión Europea propuso hoy establecer un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom (imagen) o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.Esta medida se incluye en el paquete energético presentado por el Ejecutivo comunitario, que obligará además a desmembrar los grandes grupos comunitarios -como EdF, E.ON o ENI- mediante la separación de propiedad entre las actividades de producción y la gestión de las redes. Alemania y Francia se oponen a esta separación de propiedad, que cuenta con el respaldo de España y Reino Unido porque en estos países ya se aplica.
Las propuestas legislativas de Bruselas prohibirán a las empresas extranjeras adquirir el control de infraestructuras energéticas europeas a no ser que exista un acuerdo bilateral específico entre la UE y el país de que se trate que garantice la plena reciprocidad. Si la compañía extranjera en cuestión no desea adquirir el control sino únicamente invertir deberá someterse a un proceso de certificación para garantizar que respeta las reglas comunitarias de separación de propiedad entre producción y redes.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, aseguró que estas medidas "no van contra ningún país ni contra Rusia", sino que se trata de que "las compañías de otros países que entren en nuestro mercado, y que son bienvenidas, respeten los principios del mercado interior".
"Ahora hay algunas empresas extrajeras que invierten en nuestras redes y compran nuestras redes de distribución, pero las empresas europeas no pueden hacer lo mismo. Con estas normas habrá una apertura porque podremos negociar con estos países el mismo tipo de acceso", subrayó Barroso.
Explicó que el Ejecutivo comunitario ha decidido crear este mecanismo porque algunos Estados miembros, como Alemania, ya estaban estudiando por su cuenta establecer reglas nacionales similares basadas en la seguridad energética, lo que a su juicio hubiera supuesto "un riesgo de fragmentación del mercado interior con políticas específicas de protección contra terceros países en cada Estado miembro de la UE".
Durao Barroso defendió la necesidad de la separación de propiedad entre la producción y la distribución porque "si una compañía vende electricidad y gas y al mismo tiempo es propietaria de la red, tiene incentivos para no dar acceso a sus competidores a la red". Ello se traduce en un déficit de inversiones en infraestructura e interconectores y en la imposibilidad de que puedan aparecer nuevas empresas, lo que a la larga repercute en precios más altos para los consumidores.
En los países en los que no existe una separación de propiedad entre producción y gestión de redes, los precios de la electricidad aumentaron un 29% entre 1998 y 2006, mientras que en los Estados miembros que ya han desmembrado sus grandes empresas, como Reino Unido o España, el incremento fue tan solo del 6%, según destacó la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.
Sin embargo, la férrea oposición de Alemania y Francia a la separación de propiedad ha obligado a la Comisión a proponer una segunda opción menos drástica que ya anunció en enero y que se basa en el modelo escocés: consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cedan su gestión a un operador independiente.
Barroso recalcó que la opción preferida por Bruselas sigue siendo la separación de propiedad, y dijo que el operador independiente de red "es más complicado de aplicar y supondrá un aumento de cargas administrativas".
El paquete energético de la Comisión contempla también medidas para reforzar la independencia y la autoridad de los reguladores nacionales que obligarán a introducir cambios legislativos en España. "En España, las tarifas de acceso a la red son decididas por el Ministerio y no por el regulador y eso es algo que tendrá que cambiar" cuando se aprueben las nuevas normas, según explicaron fuentes comunitarias.
La comisaria de Competencia se mostró convencida de que el aumento del poder de los reguladores evitará conflictos como los que el Ejecutivo comunitario ha mantenido con España a propósito de la oferta pública de adquisición de E.ON sobre Endesa porque "actuaremos todos de la misma manera". "No debería haber un enfoque diferente de un Estado miembro a otro", dijo.
Bruselas propone además crear una Agencia de Cooperación entre los reguladores nacionales que pueda tomar decisiones obligatorias en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía. También aboga por poner en marcha una red europea de gestores de redes de transporte que refuerce la seguridad de la red frente a apagones y pueda planificar las inversiones necesarias a nivel de la UE. Finalmente, el paquete energético incluye medidas para incrementar la transparencia del mercado y de los precios.
El presidente de la Comisión admitió que las negociaciones con los Estados miembros para aprobar estas normas serán "duras y difíciles" pero se mostró convencido de que acabarán saliendo adelante porque "hay una clara mayoría que las apoya". El objetivo de Bruselas es que el paquete obtenga su aprobación final durante la presidencia francesa de la UE durante la segunda mitad de 2008. París es precisamente una de las capitales que más se opone a desmembrar sus compañías.- (Agencias)
No hay comentarios:
Publicar un comentario