ALICANTE.- Alicante se ha consolidado como uno de los grandes centros nacionales de distribución y venta de productos falsificados, según ha revelado el diario "La Verdad".El turismo y el buen clima son dos factores que fomentan la venta de falsificaciones, y eso se da en Alicante en dosis elevadas. El puerto de Valencia es, por razones logísticas, uno de los puntos de mayor tránsito de Europa, junto con el de Rotterdam. Pasa mucha mercancía asiática. La Aduana está en permanente alerta, igual que los cuerpos policiales. Se ha mejorado en la persecución de este tipo de delito y se han endurecido las leyes. Sin embargo, la demanda no baja.
La posición estratégica del puerto valenciano hace que en esta provincia y en las limítrofes, como es el caso de Alicante, se hayan establecido polígonos de distribución de piratería. En la zona mediterránea hay caldo de cultivo para la implantación de esta actividad. Las redes de falsificación tienden a especializarse en bienes de elaboración arraigada en los lugares de distribución. En cuanto a Alicante, se aprecia con el calzado y la marroquinería.
El negocio es tan lucrativo y de tan poco riesgo que el volumen de las falsificaciones crece exponencialmente. No obstante, mientras no exista una conciencia social para condenar estas prácticas poco se podrá hacer, según admiten las partes perjudicadas.
El año 2005 fue uno de los más fructíferos en cuanto a intervenciones efectuadas por la Guardia Civil en la provincia contra esta clase de infracciones. La memoria del Servicio Fiscal muestra que se cerraron incautaciones por valor de más de 14 millones de euros, lo que colocó a Alicante en el segundo puesto, sólo superada por Madrid. Hubo 150 actuaciones, con 184 detenidos. La confección, el calzado y la marroquinería provocaron la inmensa mayoría de los servicios policiales.
Un informe difundido por las Cámaras de Comercio advierte de que los alicantinos y el resto de los españoles gastan cada año más de 285 millones de euros en productos falsificados. Casi uno de cada cinco consumidores (entre el 17% y el 18%) admite que los compra de manera voluntaria. Es un porcentaje ligeramente inferior (3%) al de la primera encuesta efectuada en este terreno, que data del 2001. El gasto medio por compra se sitúa en 20,66 euros, con una frecuencia de al menos dos veces al año.
El textil, los materiales industriales, la alimentación y las bebidas son los sectores con un mayor grado de falsificación e imitación en el conjunto del Estado. Nada menos que uno de cada cinco empresarios textiles se queja de este tipo de problemas que golpean a sus marcas. Por detrás, aparece la industria, con un índice del 19%, seguida de alimentación (15%), bebidas (9%) y, ya por debajo del 5%, marroquinería relojes, calzado, cosmética y belleza.
Casi siempre las copias son detectadas por los propios sistemas de vigilancia de mercado de las empresas. Cerca de ocho de cada diez compañías se ven obligadas a acudir a los tribunales para resolver sus conflictos y defender sus derechos, según se desprende del estudio de las Cámaras de Comercio.
Los análisis concluyen que más del 80% de los ciudadanos antepone la calidad cuando escoge una marca determinada, mientras que otro factor importante (para el 63%) es el precio. Otros factores de influencia que hay que tener en cuenta son el gusto, la moda, el diseño y la costumbre.
La valoración de marca alcanza una mayor repercusión, en este orden, en la alimentación, la ropa, el calzado, los productos de limpieza y los accesorios de automoción.
Los datos que maneja la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema) y las Cámaras de Comercio muestran que, por sexos, es la mujer quien más contribuye a la distribución de falsificaciones. En concreto, el colectivo femenino representan el 62% de los compradores.
Los ciudadanos de 25 a 34 años figuran como los más proclives a adquirir un producto pirata. El perfil de las personas que compran voluntariamente falsificaciones se corresponde con el de una persona joven y estudiante, que adquiere productos textiles, deportivos y calzado.
A medida que aumenta su edad, disminuye directamente este hábito de compra. Entre los menos infractores en este ámbito, sobresalen los jubilados y las amas de casa, que buscan principalmente la relación entre calidad y precio.
Andema y las Cámaras de Comercio tienen previsto presentar el último informe anual que detalla las intervenciones policiales contra la piratería en todo el territorio español. Su contenido servirá para evaluar si se ha subido algún peldaño en el objetivo de atajar el fraude.
Consecuencias sociales
Las organizaciones de defensa de la marca, sabedoras de que, si su mensaje no cala en el consumidor, la lucha contra la piratería está perdida, han pasado a la acción en términos dialécticos. De este modo, advierten de que quien compra falsificaciones «enriquece a la delincuencia organizada, facilitando el blanqueo de dinero, procedente de la droga y la emigración ilegal; contribuye al fraude fiscal y al fraude a la Seguridad Social; contribuye al tráfico y a la explotación ilegal de las personas y a la pérdida de puestos de trabajo».
Asimismo, «coopera a que se cometan delitos tipificados en el Código Penal; hace que el Estado dedique recursos que no pueden emplearse en otras necesidades sociales; pone más difícil el camino a las pymes (pequeñas y medianas empresas) y a los emprendedores; contribuye al empobrecimiento de la creatividad, a la vez que reduce la capacidad de competir de las empresas, y renuncia a sus derechos como consumidor y cae en un vulgar fetichismo que no le aporta nada».
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