LIMA.- Los
exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y el
expresidente de la patronal peruana Ricardo Briceño no podrán salir de
Perú en seis meses mientras los investigan por supuestamente recibir
dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña
presidencia de Keiko Fujimori.
El
juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional, aprobó en la madrugada de hoy la prohibición de
salida del país solicitado por el fiscal José Domingo Pérez, en una
audiencia que se prolongó durante alrededor de seis horas.
Los
dos exministros y el empresario están imputados dentro del presunto
delito de lavado de activos por el que investigan al partido fujimorista
Fuerza Popular, al supuestamente recibir 1,2 millones de dólares para
financiar de manera irregular la candidatura a la Presidencia de Perú de
Keiko Fujimori en 2011.
Según
el testimonio del exdirector de Odebrecht en Perú, Yoshiyama y Bedoya
recibieron 500.000 dólares cada uno, mientras que Briceño acopió 200.000
dólares de Odebrecht cuando era presidente de la Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
El
magistrado Concepción argumentó su decisión en que el riesgo de fuga
que existe para los tres investigados, está en que "pueden salir del
país y no regresar".
Yoshiyama
negó haber cometido delito alguno y dijo que no recibió dinero de
Barata. "Yo no me voy a correr", señaló tras indicar que su presencia en
el juzgado era para defender su honorabilidad.
Bedoya
rechazó que haya intentado escapar del país el pasado mes de febrero
cuando viajó a Estados Unidos, justo dos días antes de la declaración de
Barata, y argumentó que se trataba de un paseo familiar preparado con
antelación.
Por
su parte, el abogado de Briceño descartó vínculos de su defendido con
el fujimorismo e indicó que él colaboró con aportes al Partido Peruano
por el Kambio (PPK), del actual presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski.
El
empresario adelantó que la Confiep entregará a las autoridades toda la
documentación de los 200.000 dólares recibidos de Odebrecht, que según
la patronal eran para una campaña a favor de la inversión privada que
consideraban amenazada con el programa político del entonces candidato
presidencial Ollanta Humala, rival de Keiko Fujimori en los comicios de
2011.
Los
abogados de los tres investigados anticiparon que apelarán la medida
dictada por el juez Concepción al no estar de acuerdo con ella.
El
caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por
los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con
las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes
políticos y candidatos a la Presidencia.
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