BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino tratará de imponer esta semana su
mayoría parlamentaria para sacar adelante en el Senado el proyecto que
habilita el pago local de deuda y que pretende esquivar el bloqueo
impuesto por la justicia de Estados Unidos al abono a los acreedores de
deuda reestructurada.
Después de haber logrado el dictamen positivo en las comisiones de
trabajo de la cámara alta el pasado miércoles, el proyecto para
habilitar el cambio de sede de pago de los bonos emitidos bajo
legislación estadounidense será sometido al voto de los senadores el
próximo 3 de septiembre.
Pese al rechazo de los principales grupos de la oposición, que ya han
anunciado su voto en contra o su abstención, el Gobierno de Cristina
Fernández buscará escenificar el respaldo a las decisiones económicas
del Ejecutivo con la que consideran mejor opción para cumplir con el
próximo vencimiento de la deuda reestructurada, el 30 de septiembre.
El Ejecutivo confía en la mayoría oficialista en el Senado para
conseguir la media sanción al plan y enviarlo para su votación
definitiva al Parlamento, también dominado por el oficialismo.
El proyecto para el pago local fue anunciado por Cristina Fernández
ante la imposibilidad de hacer llegar a los acreedores los fondos del
último vencimiento de deuda reestructurada a través de los agentes
fiduciarios internacionales establecidos por contrato.
Dicho pago fue declarado "ilegal" por el juez neoyorquino Thomas
Griesa hasta que Argentina salde la deuda de 1.300 millones de dólares,
más intereses, con un grupo de fondos especulativos que no aceptaron las
quitas de la reestructuración y denunciaron al país para cobrar el
monto íntegro.
El Gobierno argentino denuncia que no puede acatar el fallo de Griesa
porque desencadenaría denuncias millonarias por parte del resto de
acreedores.
Durante el debate en comisión, el ministro argentino de Economía,
Axel Kicillof, sostuvo que el país se encuentra en "una coyuntura que no
admite la abstención" e instó a los senadores opositores a no rechazar
el proyecto de pago local sin proponer una alternativa.
"Estamos frente a un problema que fue el fracaso de una gestión, que
para usted es un éxito", contestó el senador de Unión Cívica Radical
Gerardo Morales, quien anticipó que su partido no avalará el proyecto.
También anunciaron su negativa a la propuesta de ley los senadores del bloque Unen y Propuesta Republicana (PRO).
"Me fui bastante decepcionado con la oposición porque no encontré una
actitud propositiva, encontré confusión y en algunos casos se propuso
pagar lo que Griesa diga", lamentó Kicillof tras la sesión.
Por su parte, el peronista disidente Sergio Massa, líder del Frente
Renovador y aspirante a la presidencia en 2015, rechaza el plan
oficialista y plantea el pago al 92,4 % de bonistas a través de nuevos
títulos que se puedan canjear de forma temporal por los que están
bloqueados mientras se discute una salida con los restantes acreedores.
El proyecto de ley para que los acreedores puedan optar al cobro en
Argentina, a través del Banco de la Nación Argentina o de otro agente de
su elección, es uno de los tres frentes que mantiene abierto el
Gobierno en su particular batalla contra los fondos especulativos.
Los esfuerzos para sumar apoyos internacionales cristalizaron este
viernes con el anuncio de que el grupo G77+China solicitó que las
Naciones Unidas debatan sobre la conveniencia de redactar una convención
internacional sobre la reestructuración de la deuda soberana.
Según Kicillof, la propuesta del G77+China, presentada a raíz de la
crisis de la deuda argentina, se votará el próximo 9 de septiembre en la
Asamblea General y, en caso de resultado favorable, el nuevo convenio
internacional estaría listo antes de un año.
El Gobierno explicó que la norma afectaría o no al conflicto con los fondos especulativos dependiendo de cómo quede redactada.
Además, Argentina decidió denunciar a Estados Unidos en la Corte
Internacional de Justicia por lo que considera una violación de la
soberanía a través de las decisiones del poder judicial estadounidense,
pese a que Washington no reconoce obligatoriamente la jurisdicción de La
Haya.
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