BRUSELAS.- La Agencia Europa para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas
en inglés) ha avisado este miércoles a los países de la UE de que
derechos como el que prohíbe las devoluciones en caliente son
"absolutos" por lo que "bajo ninguna circunstancia" pueden negarse a los
migrantes que llegan de manera irregular a suelo comunitario, tampoco
cuando las autoridades responden a un ataque híbrido por parte de
terceros estados que facilitan el paso masivo ilegal para desestabilizar
a la UE.
Así lo defiende la agencia europea en un informe
publicado este miércoles sobre las restricciones temporales al derecho
al asilo que la legislación comunitaria permite imponer a los Estados
miembro cuando terceros usan la migración como arma de presión política
hasta el punto de poner en riesgo "funciones esenciales" del Estado.
El documento advierte de que hay maneras "legales y
legítimas" para combatir este tipo de ataques híbridos y pide por ello a
los gobiernos europeos que pongan el acento en perseguir y castigar a
quienes trafican con personas y no en el propio migrante.
"El
uso de migrantes como instrumento político no es nada nuevo, pero las
respuestas a este problema no deben eclipsar la realidad humana", ha
pedido la directora de FRA, Sirpa Rautio, en un comunicado en el que
insta a los países de la UE a dirigir sus medidas "contra los actores
hostiles" y no "castigar a los migrantes y refugiados que están siendo
utilizados y abusados por rédito político".
Además, Rautio ha
denunciado que "algunas de las respuestas actuales a la
instrumentalización pueden socavar la protección de los Derechos
Fundamentales en las fronteras de la UE, incluido el derecho de asilo".
"No deben convertirse en un modelo para el trato a todos los migrantes y
refugiados que cruzan la frontera de manera no autorizada", ha zanjado.
En este contexto, la agencia europea insta a los gobiernos europeos a
abordar esta forma de presión con medidas contra el tráfico ilegal de
migrantes e "imponer sanciones" a los países "hostiles" que favorezcan
estas prácticas ilícitas, así como exploras otras acciones como la
restricción de visados a los responsables.
En todo caso, añade
el documento, la Unión "no debe castigar" a quienes son víctimas de esa
instrumentalización ni a las organizaciones humanitarias que las
asisten.
También recalca que los países de la UE tienen la
"obligación" de atender a los migrantes que lleguen en condiciones
irregulares con "humanidad" y garantizar su acceso a los procedimientos
de asilo para atender sus solicitudes, aún bajo el nuevo Pacto de
Migración y Asilo que una vez entre en vigor dará a los gobiernos más
tiempo para registrar y procesar las solicitudes de asilo en frontera.
Advierte, además, del riesgo de que se "difuminen los límites" entre
las medidas de gestión de fronteras, que se aplican bajo el Derecho
comunitario, y la "militarización" de las fronteras, con acciones
militares que, en gran medida, escapan del alcance del Derecho europeo.
Toda acción relacionada con la atención de migrantes y refugiados debe cumplir con lo establecido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y diluirlo con acciones militares puede "socavar" la protección de derechos, defiende la FRA.
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