RAMALA.- Más de medio millón de palestinos han ejercido su derecho al voto en las
elecciones municipales celebradas este sábado en Cisjordania y también
ha habido una importante participación en Deir al Balá, la única zona de
la Franja de Gaza en la que se han podido celebrar los comicios.
Un portavoz de la Comisión Cetral Electoral Palestina, Farid Taamalá, ha
informado de 512.510 votantes en Cisjordania, un 53,44 por ciento del
censo, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.
Taamalá ha destacado que la alta participación es un refleojo del
compromiso de la población con el proceso democrático y del poco
seguimiento de los llamamientos a la abstención.
La votación ha
terminado a las 19.00 horas sin incidentes de consideración. El
recuento ha comenzado de inmediato en presencia de candidatos,
observadores y periodistas, aunque se espera que el resultado no esté
disponible hasta el domingo.
En la Franja de Gaza las
elecciones se han celebrado en Deir al Balá, en el centro del enclave
palestino, y son las primeras votaciones en 20 años. En este caso los
colegios electorales han abierto a las 7.00 horas, pero han cerrado a
las 17.00 horas.
"Es un reflejo de la unidad de los territorios
palestinos a pesar de las difíciles circunstancias", ha destacado el
presidente de la Comisión Central Electoral, Rami Hamdalá. Deir al Balá
ha sido seleccionada por ser la zona "menos afectada" por la ofensiva
militar israelí sobre la Franja.
En total había 1,3 millones de
palestinos censados con derecho a voto, de los cuales 70.000
corresponden a Deir al Balá, según datos oficiales. Se eligen 183
gobiernos municipales y para ello concurren 321 listas con 3.773
candidatos a concejal, así como 1.358 candidatos a los consejos
municipales.
Desde 2006
no se han celebrado elecciones en Gaza, dado que Hamás procedió a
realizar nombramientos administrativos en el enclave bajo su control,
mientras que en Cisjordania sí ha habido elecciones locales --en 2012,
2017 y 2022--, si bien las presidenciales y legislativas han quedado
aplazadas en varias ocasiones, lo que ha llevado a dudas sobre la
legitimidad del mandato del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas.
De hecho, la disolución 'de facto' en 2007 del Consejo
Legislativo Palestino --el Parlamento-- ha dejado los cambios en la
legislación electoral en manos del presidente palestino, que ha
recurrido a una serie de decretos que han incorporado un nuevo sistema
electoral y la ampliación de las cuotas reservadas a mujeres para que
ocupen cargos en estos organismos públicos.
Sin embargo, entre
los pasos más controvertidos figura uno que requiere que todos los
candidatos firmen un compromiso con "ceñirse al programa político y
nacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)",
dominado por el partido de Abbas, Al Fatá, y a la que no pertenecen
Hamás y otras facciones como Yihad Islámca, lo que ha sido interpretado
como un obstáculo a sus listas.
La situación ha supuesto la
exclusión de estas formaciones, que no presentan candidatos bajo su
égida, en un contexto en el que las autoridades de Gaza han reclamado en
varias ocasiones que se autorice la entrada del equipo de tecnócratas
que asumirá la gestión de la Franja de Gaza --el Comité Nacional para la
Administración de Gaza (CNAG)-- en el marco de la propuesta presentada
por Estados Unidos para el futuro del enclave.
El CNAG,
encabezado por Alí Shaath, fue creado al hilo de la formación de la
Junta de Paz, encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump,
tras el acuerdo en octubre de 2025 para aplicar la citada propuesta,
que recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y
que llevó aparejado el citado alto el fuego, ante dudas sobre si se
iniciará la aplicación de la segunda fase del pacto por incumplimientos
de algunos compromisos de la primera.
Por ello, existen dudas
sobre la relevancia que puedan tener los resultados de las elecciones en
la Franja, especialmente debido a las suspicacias sobre la falta de
representatividad y el contexto de conflicto que sigue imperando en el
enclave, ante la incertidumbre sobre si el proceso político se abrirá
camino o si Israel optará finalmente por relanzar su ofensiva a gran
escala, en medio de denuncias internacionales sobre un genocidio en
Gaza.
El
vicecoordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en
Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, ha afirmado que "las elecciones de
este sábado representan una importante oportunidad para que los
palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período
excepcionalmente difícil", antes de ensalzar a la CEC por sus
"constantes esfuerzos para preparar un proceso creíble, dados los
importantes desafíos que existen en Cisjordania y las condiciones
extraordinariamente difíciles que prevalecen en Gaza".
La ONU
ha reclamado a todas las partes que garanticen que el proceso tiene
lugar "de forma pacífica, ordenada e inclusiva" y que "los votantes
pueden ejercer su derecho a participar de forma libre y sin
intimidación", así como que cualquier posible disputa que surja tras la
votación "sea resuelta a través de los canales legales establecidos".
Por último, el organismo ha expresado su apoyo al "fortalecimiento de
las instituciones palestinas y la promoción de la gobernanza
democrática", como parte de "los esfuerzos más amplios para impulsar una
paz justa y duradera de conformidad con el Derecho Internacional, las
resoluciones pertinentes de la ONU, los acuerdos previos y en busca de
una solución viable de dos Estados".
La votación es considerada
como una prueba de fuego de cara a las legislativas del 1 de noviembre,
si bien sigue habiendo dudas sobre las capacidades para organizarlas
ante la falta de un acuerdo político entre Al Fatá y Hamás y las
dificultades técnicas para organizar el proceso, especialmente en el
caso de Jerusalén Este, donde Israel impidió el voto en 2021, lo que
provocó el aplazamiento de los comicios.
A todo ello se suma la
situación de seguridad en la propia Cisjordania, donde han muerto
decenas de palestinos en ataques perpetrados por colonos y las fuerzas
de seguridad y donde el Gobierno de Israel ha ampliado la construcción
de asentamientos y la expropiación de tierras palestinas a pesar de las
críticas internacionales por estas acciones, que violan el Derecho
Internacional y socavan la viabilidad de la solución de dos Estados.
