BUCAREST.- El socialdemócrata Petre-Florin Manole, primer ministro de etnia gitana en la historia de Rumanía, apuesta por una mayor inclusión social y educativa en un país donde, según advierte, la discriminación continúa siendo un problema grave para la comunidad romaní.
Con 41 años y una larga trayectoria como parlamentario y activista, Manole es desde finales de junio ministro de Trabajo, Familia, Juventud y Solidaridad Social en el nuevo Gobierno rumano, liderado por el conservador Ilie Bolojan y que incluye también a socialdemócratas, liberales y la minoría húngara.
Su nombramiento llega en un momento delicado para el país balcánico, el segundo más pobre de Europa, que debe aplicar duros ajustes para reducir el mayor déficit de la Unión Europea (UE) en 2024, del 9,3 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Antes de llegar al Ejecutivo, Manole fue diputado desde 2016 por el Partido Socialdemócrata (PSD) y presidió la Comisión parlamentaria contra la trata de personas.
Ahora, desde su nueva cartera, trabaja para reducir las desigualdades, que, según asegura, afectan tanto a las minorías como a quienes viven en zonas rurales, muchas veces olvidados por las grandes políticas públicas.
«La situación de las zonas rurales en Rumanía conlleva desventajas tan grandes como pertenecer a una minoría», declara en una entrevista en Bucarest.
«Si miramos las estadísticas de acceso a la universidad, por ejemplo, vemos que quienes viven en zonas rurales están muy desfavorecidos. No diría que solo la etnia es un problema, es un problema, pero hay otros», explica Manole.
Según datos de Eurostat de 2023, el 45,1 % de la población rural de Rumanía estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,5 % de las zonas urbanas, lo que supone la mayor brecha entre ciudades y periferia en la UE.
La falta de oportunidades en el mundo rural se ha traducido en un creciente apoyo a opciones políticas «antisistema», como el partido ultranacionalista AUR, que ha capitalizado el descontento social en las regiones más desfavorecidas del país.
Manole creció en Slobozia, una pequeña ciudad del sur de Rumanía, y estudió Historia, guiado por una pasión temprana por «los cuentos con hechos históricos. De ahí a la historia real, solo hay un paso», recuerda.
Su mirada política incluye esa sensibilidad histórica y su experiencia como activista. Y está convencido que desde su cargo ministerial puede contribuir a transformar realidades que han sido ignoradas durante demasiado tiempo.
Por eso, señala que hay que distinguir distintas capas de exclusión dentro del propio colectivo gitano.
«Hay gitanos integrados, con trabajo, estudios y un nivel de vida decente que viven en grandes ciudades como Bucarest, a quienes nunca vemos, pero que existen y para quienes no creo que haya mucho que hacer. Y hay gitanos de zonas rurales, donde es más difícil encontrar trabajo, donde el acceso a la educación es más difícil, para quienes hay que hacerlo todo», expone.
Una de las iniciativas más ambiciosas que impulsa es un programa de apoyo social en 2.000 pequeñas localidades de Rumanía, dotado con 815 millones de euros. Ese programa busca combatir la exclusión y beneficiará a unas 450.000 personas. Aunque no está destinado exclusivamente a la población gitana, una parte importante de sus beneficiarios pertenece a esta comunidad, compuesta según el censo de 2021 por unas 600.000 personas.
«Es un programa que combate la exclusión y la marginación con herramientas de asistencia social», subraya Manole. La población romaní, especialmente en zonas rurales, afronta un acceso limitado a servicios sanitarios básicos, tasas muy altas de abandono escolar y niveles de pobreza que superan ampliamente la media nacional.
Pero Manole también pone el foco en la educación para luchar contra la discriminación. Reconoce que las políticas sociales pueden aliviar muchas carencias materiales, pero que hay barreras que requieren otro tipo de acciones.
«Para todos los gitanos de Rumanía, independientemente de su estatus social y del acceso a los servicios públicos, el problema de la discriminación es importante. Porque cuando se trata de discriminación, va más allá de las categorías sociales», sostiene.
Para el ministro, el currículo escolar debería incluir contenidos sobre «la historia de los romaníes, sobre su cultura» y sobre episodios trágicos como «el Holocausto (gitano), que permita una mejor comprensión del contexto socio-histórico».
Además de los retos sociales y culturales, el nuevo ministro no ignora el contexto económico adverso que atraviesa Rumanía y discrepa de algunas medidas de austeridad.
Manole admite que el país necesita reformas fiscales, pero discrepa de la nueva contribución aplicada a pensiones superiores a 3.000 lei (unos 600 euros), un umbral que considera «muy bajo» e injusto para los jubilados.
Pese a las dificultades económicas actuales, Manole mantiene una visión optimista sobre el papel del empleo para transformar la sociedad. Y defiende que generar más puestos de trabajo no solo es una cuestión económica, sino también de cohesión y dignidad.
«Una mayor fuerza laboral no solo significa ingresos, sino también socialización, integración e inclusión. (...) El empleo es la mejor protección social», resume el ministro.
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