BRUSELAS/KIEV.- La Unión Europea ha expresado este martes "preocupación" por la ley aprobada en Ucrania para limitar el alcance de dos agencias contra la corrupción, tras apuntar que estas instituciones son "cruciales" para su adhesión al bloque y que hay una serie de fondos vinculados a reformas europeas.
"La UE manifiesta su preocupación por la reciente actuación de Ucrania en relación con sus instituciones anticorrupción, como la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción", ha señalado en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Ampliación, Guillaume Mercier.
En este sentido ha recalcado que estas instituciones y su buena marcha son "cruciales" para el programa de reformas de Ucrania que le acerquen a la UE, por lo que deben funcionar "de manera independiente" para luchar contra la corrupción y mantener la confianza de los ciudadanos.
"La UE proporciona una importante ayuda financiera a Ucrania, condicionada a los avances, la transparencia, la reforma judicial y la gobernanza democrática", ha insistido Mercier.
Por todo ello ha reiterado que la entrada de Kiev en la UE va a depender en buena medida de su capacidad de combatir la corrupción y demostrar fortaleza institucional, subrayando que la UE seguirá la situación y apoyará a Ucrania en estos esfuerzos.
La nueva ley ucraniana limita la autonomía de los principales organismos anticorrupción --Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), en medio de un último escándalo relacionado con la filtración de documentación secreta a los servicios de Seguridad rusos a través de un antiguo diputado, Fedor Jristenko, quien acusado ya de alta traición.
De esta forma, la legislación da poderes al fiscal general para tener acceso a todas las investigaciones de la NABU, así como para dar nuevas instrucciones, archivar los casos y firmar personalmente informes de acusación sobre altos cargos, además de retirar funciones al jefe de la SAPO.
Aprobación por el Parlamento ucraniano
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes en segunda lectura una nueva ley que 'de facto' limita la autonomía de los principales organismos anticorrupción --NABU y SAPO--, en medio de un último escándalo relacionado con la filtración de documentación secreta a los servicios de Seguridad rusos a través de un antiguo diputado, Fedor Jristenko, quien ha sido ya acusado de alta traición.
La ley, que ha contado con el apoyo de 263 diputados, autoriza a la figura del fiscal general tener acceso a todas las investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), así como a dar nuevas instrucciones, archivar los casos y firmar personalmente informes de acusación sobre altos cargos.
Asimismo, retira también funciones al jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), un organismo independiente de la Fiscalía General que se encarga de supervisar los casos que investiga la NABU --principalmente contra altas figuras del Estado-- para luego ser remitidos a los tribunales.
El jefe de la NABU, Semen Krivonos, ya ha pedido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que no sancione esta ley y ha advertido de que la norma pone en riesgo los compromisos de transparencia y anticorrupción con organismos como la Unión Europea, que ya ha mostrado su preocupación por esta decisión.
"Dos instituciones independientes, la NABU y la SAPO, están siendo transferidas por completo a un régimen independiente. Nos oponemos categóricamente (...) Le pedimos que no firme dicho proyecto de ley", ha instado Krivonos.
En rueda de prensa, Krivonos ha reiterado que el hallazgo de funcionarios corruptos "no es motivo para destruir" toda la oficina. "Estamos a favor de una autolimpieza del sistema", ha señalado, recordando que ya se han descubierto "traidores" en otras oficinas sin que eso haya provocado el cierre de las mismas.
"Respetamos el trabajo de nuestros agentes del orden y nuestros colegas, pero enfatizamos que esto no puede servir de base para destruir las instituciones anticorrupción", ha instado, según recogen agencias de noticias ucranianas.
Por su parte, el jefe de la SAPO, Oleksander Klimenko, ha advertido de que con este nuevo texto aprobado por la Rada Suprema se está sellando "el fin de la labor independiente de las dos instituciones anticorrupción".
La ley se ha aprobado después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) haya realizado registros a gran escala en las oficinas de la SAPO y de la NABU ante el temor de filtraciones a Rusia, en un momento además en el que Jristenko, exdiputado del partido prohibido Plataforma de Oposición por la Vida, ha sido señalado por estos hechos y acusado de alta traición.
Jristenko ha sido acusado de intentar influir desde el extranjero en la NABU a través de los vínculos que aún mantiene con algunos de los responsables de esa oficina, algunos de los cuales ya han sido detenidos ante las sospechas, según ha comunicado este martes la Fiscalía.
Entre los detenidos está Viktor Gusarov, empleado de una unidad de élite de la NABU y subordinado de Dimitro Ivantsov, quien trabaja para los servicios rusos y fue jefe adjunto de seguridad del expresidente Viktor Yanukovich, a quien ayudó en 2014 a salir rumbo a Rusia ante el avance de las protestas violentas contra él.
Se acusa a Gusarov de espionaje y de filtrar información clasificada, así como datos personales de agentes de seguridad ucranianos y otros ciudadanos, señala este martes la Fiscalía en un comunicado.
En las últimas horas también se han llevado a cabo registros en los domicilios de varios familiares de Jristenko, donde se ha encontrado documentación relacionada con varias investigaciones secretas realizadas por la NABU, así como decenas de cuestionarios sobre posibles candidatos a formar parte de la oficina.
La Fiscalía sostiene que Jristenko fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad durante el gobierno del ya citado Viktor Yanukovich y desde entonces ha maniobrado para facilitar no solo información confidencial a Rusia, sino también para ayudar a huir de Ucrania a sospechosos de corrupción.
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